La semana pasada en el Senado de la República, los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN solicitaron la desaparición de poderes en el Estado de Guerrero, ante los hechos de violencia ocurridos y, en su consideración, ante la ausencia de la titular del poder ejecutivo y demás poderes de la entidad federativa para mantener el orden y la paz públicos: “la omisión de las autoridades frente al crimen organizado no tiene marco de referencia”.
La mesa directiva le dio el trámite correspondiente y en el pleno se discutió el tema, en donde los Grupos Parlamentarios integrantes de la mayoría en la cámara alta (MORENA, PT, PVEM), no coincidieron con las afirmaciones que sustentan la solicitud.
Es importante precisar, que la Constitución Federal, establece en su artículo 76, fracción V, la procedencia de la desaparición de poderes en una entidad federativa, así como los supuestos para que esto ocurra.
En mi consideración, el estado de Guerrero no se encuentra ubicado en dichas hipótesis, puesto que la Gobernadora se encuentra ejerciendo plenamente sus funciones y ejerciendo las facultades propias de su encargo, además de que, ante los hechos de violencia ocurridos en relación con el asesinato del normalista de Ayotzinapa Yanqui Kothan Gómez, ya renunciaron los Secretarios general de gobierno y de seguridad pública, y se solicitó la de la Fiscal General de Justicia.
El tema de la inseguridad y de la violencia no solo es particular del Estado de Guerrero, ya que este fenómeno tan lacerante es un problema que vivimos las y los mexicanos en el país, y es obligación de las autoridades municipales, estatales y federales, ofrecer las condiciones adecuadas de seguridad pública para la ciudadanía. La prevención y otorgar mejores oportunidades y condiciones de vida a la gente, son los rubros en los que se debe trabajar.