El pasado 13 de marzo, el Parlamento Europeo (PE) aprobó —con 523 votos a favor, 46 en contra y 49 abstenciones— la ley sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) en la Unión Europea (UE).
Fue un camino largo. La Comisión Europea presentó el primer proyecto en abril de 2021, y en diciembre de 2023, el Consejo de la UE y el PE se comprometieron políticamente a discutirlo y, de ser el caso, aprobarlo.
Las conversaciones, desde la presentación hasta la aprobación parlamentaria, demuestran lo complejo e importante del tema. Además, la revisión precisa de este proceso resulta de vital importancia para el resto del mundo que, incluido México, se prepara para una adecuada regulación.
Con el lanzamiento en 2022 de ChatGPT se aceleró la necesidad de establecer una regulación robusta sobre el uso de la IA. Y aunque esta tecnología existía desde antes, aquel fue el momento en que se masificó como herramienta al alcance de nuestras manos —literalmente, en los celulares—. Por tanto, comenzó a representar un desafío en diversas materias, ya que su uso puede vulnerar importantes derechos e intereses de la población. Desde la transgresión a la privacidad de datos personales hasta riesgos a la democracia, seguridad e innovación.
Entre las principales disposiciones de la ley europea se encuentra la prohibición de vigilancia de espacios públicos a través de la IA. En tal caso, será únicamente el Estado quien pueda emplearla en la identificación de datos biométricos, con autorización previa del Poder Judicial, frente a amenazas relevantes a la seguridad, como el terrorismo. También aborda las obligaciones básicas para los programas basados en esta tecnología. Para proteger los derechos de autor, el contenido generado por IA tendrá que incluir advertencias sobre su origen.
Más recientemente, la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGONU) también aprobó un documento —por unanimidad— para regular la IA. La perspectiva es adecuada: sin desatender los riesgos que supone su uso masivo, se busca utilizar a la inteligencia artificial como una herramienta segura y confiable para el desarrollo sostenible. Por ejemplo, es posible que lugares que no tienen acceso a servicios básicos, como electricidad o agua potable, sean abastecidos con infraestructura impulsada por esta tecnología.
Es claro que, incluso con la aprobación de la ley, los derechos e intereses de la ciudadanía de la Unión Europea continúan en riesgo frente a estas herramientas. No es una disposición legal perfecta, pero es un avance importante que entrará en vigor total en el año 2026. La resolución de la AGONU abona también al debate nacional e internacional, a través de referentes y llamadas de atención a los principales riesgos y oportunidades de la IA.
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Aunque el desarrollo de la tecnología es mucho más rápido que su regulación. El objetivo del Estado será, entonces, propiciar los mecanismos legales necesarios para que, más allá de un desafío, la IA sea un impulsor de desarrollo para nuestras sociedades.
En México continúan los debates sobre el tema y mantenemos la atención en las aportaciones y los avances regulatorios en otras partes del mundo. Por ahora, puse a disposición pública una propuesta de ley para normar el desarrollo, uso y comercialización de IA en México. Los comentarios para complementarla y mejorarla serán bien recibidos.