En 2023, la legislatura de Texas aprobó la Ley Senatorial 4 (SB4, por sus siglas en inglés), promulgada por el gobernador Greg Abbott a finales de ese año y con la intención de que entrara en vigor en marzo de 2024.
La SB4 es considerada la regulación estatal antiinmigrante más severa en los Estados Unidos, pues otorga amplios poderes a las agencias de seguridad de Texas para solicitar documentos migratorios a personas sospechosas de ser inmigrantes, y cuya salida del país puede ser ordenada por magistrados locales, con penas de hasta 20 años de prisión en caso de incumplimiento. Esta norma se considera discriminatoria y violatoria de los derechos humanos.
Su puesta en marcha ha sido objeto de una serie de vaivenes en los tribunales. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), de Texas, y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas (TCRP, por sus siglas en inglés), en representación del condado de El Paso y dos grupos de asistencia, interpusieron una demanda ante un tribunal federal en Austin, Texas, argumentando que la SB4 viola los derechos de las y los solicitantes de asilo, no solo en virtud de las leyes estadounidenses, sino también de las normas internacionales, y que impide a las personas migrantes solicitar asilo u otras protecciones humanitarias ofrecidas por el Gobierno estadounidense. Actualmente, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos rechazó la moción de Texas e hizo referencia al amicus curiae presentado por México en protesta por la SB4.
Sin embargo, aunque en los Estados Unidos la regulación de la inmigración es competencia federal, quienes forman parte del Partido Republicano argumentan que las medidas federales son insuficientes, y consideran que Texas está siendo invadido por migrantes irregulares.
En ese sentido, otros 22 estados (Arkansas, Ohio, Carolina del Sur, Alabama, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Oklahoma, Dakota del Sur, Tennessee, Utah, Virginia, Virginia Occidental y Wyoming) que no están directamente involucrados en el caso judicial, están apoyando la SB4 de Texas ante la Corte de Apelaciones.
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Asimismo, la norma texana ha “inspirado” a republicanos en otros estados a emitir legislaciones similares. En Florida, la Ley SB1718, que considera delito transportar personas indocumentadas a Florida, que invalida las licencias de conducir de otros estados para personas indocumentadas, y obliga a los hospitales a preguntar el estado migratorio de los pacientes, está en proceso de demanda por la Asociación Campesina de Florida.
Recientemente en Iowa, la gobernadora republicana, Kim Reynolds, acaba de ratificar la ley antiinmigrante Senate File 2340 (SF2340) que otorga autoridad a la Policía del estado para detener a personas indocumentadas que hayan sido deportadas o se les haya negado su ingreso al país. Asimismo, en Tennessee, el gobernador, Bill Lee, firmó la propuesta de ley HB2124 / SB2576, que establece garantizar que las agencias locales informen sobre el estatus migratorio de individuos, así como para colaborar en la identificación, detención y remoción de aquellos que no estén legalmente presentes en Estados Unidos.
De igual forma, un proyecto legislativo similar avanza en Georgia —estado sin frontera con México—, la Ley de Seguimiento y Denuncia de Extranjeros Criminales HB-1105, que permitiría que la Policía local identifique y encarcele a personas extranjeras sin documentos.
Por lo pronto, la cancillería mexicana a través de sus Consulados aseguró que “estará atenta para responder a cualquier violación y explorará recursos legales que contribuyan con la defensa de los derechos de las personas mexicanas en el estado”.
El contexto hace necesario buscar e implementar soluciones colaborativas que respeten los derechos de las personas migrantes y aborden las causas estructurales del fenómeno, en lugar de adoptar medidas represivas. Así como trabajar en soluciones bilaterales que respeten la dignidad de las personas migrantes, con soluciones humanas y justas que reconozcan la contribución de las personas migrantes al desarrollo económico, social y cultural, garantizando su integración y participación plena en la sociedad.