La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU define a la amnistía como una medida jurídica que tiene como efectos “la posibilidad de impedir el enjuiciamiento penal y, en algunos casos, las acciones civiles contra ciertas personas o categorías de personas con respecto a una conducta criminal específica cometida”. En la mayoría de los casos, la amnistía se ha concedido en situaciones de conflicto o cuando los países avanzan hacia una transición política. Se trata de un esfuerzo de reconciliación con el pasado.
Normalmente, se brinda a actores no estatales y su aplicación tiene condiciones específicas, pero muchas veces se enmarca en esquemas más amplios de justicia transicional. Para el derecho internacional, la amnistía no debe pronunciarse si no permite el proceso judicial de personas que pudieran ser responsables de crímenes de guerra, genocidio, atropellos de lesa humanidad o violaciones graves de derechos humanos o si obstaculizan el derecho de las víctimas a conocer la verdad.
Hay numerosos ejemplos en los que esta medida jurídica permitió a los países en conflicto reconciliarse con su pasado y acercarse a la verdad. En Sudáfrica, en 1995, entró en vigor la Ley de Promoción de la Unidad Nacional y la Reconciliación. Uno de los comités que se estableció fue sobre las amnistías que se ofrecían en el caso de actos “relacionados con un objetivo político”. El Comité recibió 7,116 solicitudes de personas —en su mayoría, delincuentes de bajo nivel— y concedió amnistía al 16 por ciento. Esta figura solo se otorgó a quienes la solicitaron y además contaron la verdad completa sobre el crimen cometido. Fue la primera vez que se llevaron a cabo audiencias públicas en las que se escuchó tanto a víctimas como a perpetradores.
El acuerdo de paz firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en 2016, centró sus esfuerzos en llevar justicia a las víctimas del conflicto. El proyecto permitió implementar amnistía a los 12 mil elementos del grupo armado, si ponían fin a sus actividades ilícitas y se comprometían con el esclarecimiento de los delitos en beneficio de las personas afectadas. La medida promovió la incorporación a la sociedad de quienes se acogieron a esta figura y evitó la congestión judicial.
En Ruanda, en un escenario extremo de violencia después del genocidio de 1994, más de 12,000 tribunales comunitarios enjuiciaron 1.2 millones de casos en todo el país. Su función consistió en promover la reconciliación, proporcionando a las víctimas un mecanismo para conocer la verdad acerca de la muerte de sus familiares. También se ofreció a los perpetradores la oportunidad de confesar sus crímenes, demostrar su arrepentimiento y pedir perdón frente a sus vecinos. A cambio de decir la verdad, estas personas recibieron sentencias muy leves, como acciones de servicio comunitario. Quienes organizaron los actos de genocidio no tuvieron acceso a la amnistía.
En otros ejemplos, la aprobación más reciente de esta figura es la Ley de Amnistía de España, para separatistas catalanes. En varias constituciones europeas, como las de Italia, Francia y Portugal, se prevé el uso de amnistías con el propósito de lograr una pacificación social, cancelar el pasado o crear una situación nueva de convivencia. Desde la Segunda Guerra Mundial, en el Viejo Continente se han promulgado más de 50 leyes al respecto.
En México, el objetivo de la propuesta legislativa en torno a la Ley de Amnistía, que introduje hace unos días en el Senado de la República, es conocer la verdad en situaciones en que las autoridades hubieran cometido atropellos frente a la vida y la dignidad humanas, y cuya solución esté pendiente. Algunos casos que se encuentran en esa condición son Tlatlaya, en el Estado de México; San Bernardino Chalchihuapan, en Puebla; San Fernando, en Tamaulipas; Allende, en Coahuila; Buenavista y Apatzingán, en Michoacán, y Ayotzinapa e Iguala, en Guerrero. El supuesto jurídico normativo que se aprobó tiene como finalidad aclarar qué sucedió en estos lugares, para así poder llegar a la verdad y caminar hacia el futuro.