Durante estos últimos días la atención de los mexicanos se encuentra dirigida hacia la reforma judicial propuesta por López Obrador. Entre otros aspectos, esta reforma establece que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) así como los jueces y magistrados de los 32 circuitos del Poder Judicial Federal serán elegidos por voto popular.
Si estas modificaciones se aprueban, el próximo año habrá una elección nunca antes vista, veremos 30 candidatos para nueve cargos de ministros de la SCJN (la reforma reduce su número de 11 a nueve) y seis candidatos por cada uno de los mil 635 cargos de magistrados y jueces. Para los ministros, el presidente propondrá 10 candidatos, la Cámara de Diputados cinco, el Senado cinco, y la SCJN 10. Para los magistrados y jueces, cada Poder (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) propondrá dos candidatos por cargo.
La realidad es que estos cambios van encaminados a ejercer control político sobre los integrantes del Poder Judicial, y no a resolver los problemas de acceso a la justicia que son los que verdaderamente afectan a los ciudadanos.
No existe por ejemplo ninguna propuesta para acabar con la corrupción de los ministerios públicos encargados de dirigir las investigaciones penales y ejercer la acción penal pública en representación de la sociedad. Lo que el oficialismo busca es acabar con la independencia de este Poder para apoderarse totalmente de él.
Si bien es cierto son muchos los problemas que hay que resolver dentro en nuestro sistema de justicia, en esta propuesta no se establecen soluciones ni tampoco se observan acciones para mejorar el acceso a la justicia de los más marginados.
Esta no es la reforma que necesita la justicia mexicana, esta es una reforma encaminada a destruir la independencia del Poder Judicial que es la base de la división de poderes y de la garantía de la defensa de los derechos humanos en México. Jueces y magistrados se eligen con base en pruebas y exámenes, a través de un proceso profesional para ir ascendiendo con base en su desempeño.
La encuesta sobre esta reforma solo sirve de discurso, es una farsa más del oficialismo que pretende dar legitimidad a una decisión tomada. Esta iniciativa se centra en el control político sobre el Poder Judicial, el autoritario “Plan C” toma forma y esto es verdaderamente preocupante. Al tiempo…
DETALLES. El Instituto Electoral de Ciudad de México avaló que los partidos aliados del oficialismo pasaran de 38 a 43 curules. La mayoría calificada requiere de 44 diputados entonces morena contará con siete diputaciones más en el Congreso capitalino, lo que constituye sobrerrepresentación. Acción Nacional acudirá a todas las instancias legales para echar atrás esta injusta decisión ejecutada por algunos consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México.