El pasado 19 de junio, un juzgado con sede en Zapopan, Jalisco, otorgó al expresidente del Atlas y empresario automotriz, Carlos Martín del Campo, una suspensión provisional para acceder a sus cuentas bancarias. Este movimiento judicial sería apenas un capítulo más para el empresario, pues en los últimos años se ha visto envuelto en controversias financieras y legales.
Carlos Martín del Campo, dueño de Tepatitlán Fútbol Club y principal accionista de Camcar Grupo Automotriz, supuestamente era buscado por las autoridades desde diciembre de 2023, cuando trascendió que tendría un adeudo de 300 millones de pesos.
Según el periodista Ricardo Ravelo, en un operativo policial lo intentaron detener sin éxito. “Jalisco sigue caliente. En operativo policiaco intentaron capturar a Carlos Martín del Campo, ex presidente del Atlas: adeuda 300 millones y como no pagó fue denunciado judicialmente. Su búsqueda resultó fallida”, escribió Ravelo en su cuenta de la red social X. Este intento fallido de captura no fue el final de sus problemas, pues tras darse a conocer la noticia del supuesto operativo en el Guadalajara Country Club, Martín del Campo habría promovió un amparo para evitar su detención, búsqueda, localización, presentación y comparecencia, según consta en expedientes judiciales.
De acuerdo con estos documentos, la situación de Carlos Martín es complicada. El empresario mantiene juicios mercantiles con instituciones financieras, entre ellas Banco Santander y Banco del Bajío, así como con SOFOMES y otras entidades de crédito. Lo que de acuerdo con fuentes se ha convertido en un patrón de endeudamiento y conflicto legal común para él y sus empresas. Y es que su nombre figura en al menos 43 sociedades, desde academias de fútbol hasta inmobiliarias y servicios de transporte aéreo, lo que a decir de fuentes cercanas, añade una capa adicional de complejidad a su situación legal, y haría insostenible la continuidad de sus negocios.
Nearshoring en el Bajío
Con el ‘nearshoring’ activo en nuestro país, estados como Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes y Guanajuato se posicionan como blanco para la inversión. En beneficio del Bajío resaltan su fuerza laboral altamente capacitada, que la región se coloca como un corredor directo hacia Estados Unidos, además que dispone de infraestructura sólida con redes ferroviarias, aeropuertos internacionales, autopistas modernas, sin dejar de lado la diversificación de su base industrial. Así, no resulta extraño que empresas de origen mexicano ya aprovechen dichas ventajas competitivas, entre ellas, destaca Grupo Martex, y es que la firma dirigida por Santiago Martí Ascencio no solo ha crecido 45% sus ingresos por el ‘nearshoring’ e inyecta 30 millones de dólares año con año a procesos internos, también ve por la calidad de vida de sus 3 mil trabajadores guanajuatenses con apoyos de comedor, guardería y transporte; aunado a que analiza y da pasos para el uso eficiente de los recursos naturales, mientras en paralelo adopta energías renovables y apuesta por el tratamiento de aguas residuales.
Cuestionables en el IMSS
La transparencia y la integridad en la administración pública están en juego en el IMSS del Estado de México Poniente. En el centro de la sospecha se encuentran César Daniel Mendoza Morales, titular de la Coordinación de Informática, y su Jefe de Oficina, Jairo Medina de la Cruz, señalados de manipular situaciones para extorsionar a proveedores. Fuentes internas sugieren que estos funcionarios crean fallas ficticias en equipos de informática para luego “resolverlas” a cambio de sobornos a los proveedores que atienden y surten contratos vigentes en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD). Lo que aumentan las dudas sobre estos personajes es que Mendoza Morales, con un salario neto mensual de 62 mil 359 pesos y Medina de la Cruz, con un ingreso bruto mensual 37 mil 290 pesos, han mantenido un perfil bajo respecto a su patrimonio y han declarado no poseer ni un coche. Aunque los rumores dicen que el Director General del IMSS ha sido alertado, queda por ver si se tomarán medidas decisivas contra este presunto entramado de corrupción que afecta la confianza en la institución, restaurada por la buena gestión de Zoé Robledo.
Voz en Off
Por cierto pese a que desde el inicio de su mandato el presidente aseguró estar en desacuerdo con la subrogación del servicio de guarderías por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a razón no solo del dinero destinado a privados para cumplir con funciones propias de la institución, sino por la seguridad que no podría garantizarse al tratarse de una responsabilidad compartida, no logró encontrar otra estrategia para hacer frente a la alta demanda de cuidado de menores de seis años cuyas madres trabajadoras cuentan con este derecho laboral a partir de los 45 días del nacimiento de sus hijos. De acuerdo al procedimiento LA-50-GYR-050GYR025-N-2-2024 tan solo en la Ciudad de México se contrataron 23 guarderías que a través de licitación pública cumplieron con los requerimientos marcados por el organismo encabezado por Zoé Robledo, entre ellos: tener contratos cumplidos satisfactoriamente en un periodo mínimo de un año, mostrar experiencia y capacidad de recursos económicos y equipamiento, presentar un plan de trabajo, además de tener al menos 5% de sus trabajadores con alguna discapacidad y buenas prácticas en igualdad de género. El monto destinado para brindar el servicio guardería bajo el esquema vecinal comunitario único de 2024 a 2028 para las alcaldías: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco, Magdalena Contreras, Xochimilco, Cuauhtémoc y Tlalpan es de 859 millones 358 mil 610 pesos…
