El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) emitió una resolución donde reconoce que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) violó los derechos de la señora Isolde Boadicee Arzt Colunga, quien presentó una queja tras la negativa del IMSS de proporcionarle el tratamiento adecuado para su melanoma metastásico en fase IV.
Esta decisión establece que el IMSS incurrió en actos discriminatorios al no garantizarle el acceso a un tratamiento integral, con lo cual vulneró su derecho a la salud y a la no discriminación. Isolde Boadicee Arzt Colunga, derechohabiente del IMSS desde 2003, fue diagnosticada con melanoma en 2017, uno de los tipos de cáncer más agresivos.
En su búsqueda de un tratamiento efectivo, sus médicos recomendaron Pembrolizumab (Keytruda), un tratamiento de inmunoterapia innovador con altas tasas de efectividad para casos avanzados de melanoma.
Aunque el medicamento estaba incluido en el cuadro básico del Consejo de Salubridad General, el IMSS rechazó la solicitud de la paciente, argumentando el alto costo y la falta de efectividad en todos los casos.
Ante esta negativa, Isolde presentó una queja ante el CONAPRED en mayo de 2018, señalando que la postura del IMSS no solo ponía en riesgo su vida, sino que constituía un acto de discriminación por su condición de salud.
El Consejo, tras revisar detalladamente las pruebas y el contexto del caso, concluyó que el IMSS violó los derechos de Isolde al no permitirle acceder de manera equitativa a los servicios de salud que necesitaba. El IMSS no solo había desestimado la efectividad comprobada de la inmunoterapia para su caso, sino que, según el CONAPRED, también evidenció un trato discriminatorio por parte de su personal médico.
La resolución destaca varios puntos relevantes: en primer lugar, la negativa del IMSS de incluir el tratamiento de inmunoterapia Keytruda, avalado por las Guías de Práctica Clínica para el Abordaje del Melanoma Maligno, evidenció una falta de compromiso con las necesidades específicas de la paciente. Además, el CONAPRED señaló que el IMSS, como institución de seguridad social, tiene la obligación de ofrecer una atención médica integral que tome en cuenta la situación individual de cada derechohabiente, más aún cuando se trata de un padecimiento potencialmente mortal.
El Consejo también determinó que los comentarios desalentadores y la falta de empatía de algunos trabajadores del IMSS hacia la paciente reflejaron un trato basado en prejuicios y suposiciones sobre la eficacia del medicamento.
Como parte de las medidas de reparación, el CONAPRED ordenó al IMSS garantizar que Isolde Boadicee Arzt Colunga reciba el tratamiento necesario de forma continua y sin interrupciones, asegurando así su derecho a la salud y a un tratamiento digno y efectivo.
Problemas en Cruz Azul
Miles de trabajadores de La Cruz Azul rechazaron a través de un video la propuesta del secretario de Gobierno de Hidalgo, Guillermo Olivares, de establecer mesas de diálogo con el grupo que tiene tomadas las instalaciones de la cementera de Tula de Allende desde 2021.
Específicamente, cooperativistas de Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Puebla organizaron un pronunciamiento conjunto y colocaron mantas en sus centros de operación para que se haga cumplir la ley en aquel estado y se proceda a tomar las medidas para la recuperación de las instalaciones según lo determinan al menos tres sentencias en firme que, nos dicen, ya le fueron notificadas a la administración que encabeza el morenista Julio Menchaca.
Importación Deleznable
La alarmante entrada de vehículos pesados de segunda mano al país, que apunta a superar las 30 mil unidades este año, contrasta con el promedio de 9 mil unidades anuales de años previos, y subraya un desafío para la economía y la salud pública.
El impacto de estas importaciones de unidades viejas no solo se limita a los riesgos ambientales que suponen, sino que también desincentiva la producción nacional de camiones y autobuses, afectando el empleo y la derrama económica que genera el sector automotriz en México.
Para limitar el ingreso de estos vehículos en condiciones deficientes, resulta urgente que se fortalezcan los controles sobre su importación, ya que estas unidades se venden sin dejar un beneficio significativo al país.
Las autoridades, particularmente la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Economía, tienen la responsabilidad de establecer normas más estrictas para frenar esta tendencia y proteger tanto la economía nacional como el bienestar ambiental.
Voz en Off
Por cierto ya hablando de los autos “chocolate”, Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) manifestó su respaldo a la Secretaría de Economía en su iniciativa para emitir un decreto que regule la importación definitiva de vehículos usados.
Este decreto, cuya documentación fue ingresada por la Secretaría ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), incluye una solicitud de Exención de Análisis de Impacto Regulatorio (AIR). Con esta medida, se busca establecer lineamientos que controlen la importación de estos vehículos, lo que podría contribuir a una mejor supervisión de su ingreso y un mayor orden en el mercado automotor nacional….
