La reciente aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma que elimina a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) marca un preocupante retroceso para la democracia en México.
Estos organismos autónomos desempeñan funciones fundamentales en áreas clave como la competencia económica, la regulación de telecomunicaciones, la transparencia, la evaluación de políticas sociales, la regulación energética y la mejora de la calidad educativa. Su eliminación implica un debilitamiento de los contrapesos al poder y compromete el equilibrio institucional del país.
La desaparición de estas instituciones representa un golpe directo a los principios fundamentales de la democracia, destruyendo mecanismos esenciales de transparencia, debilitando los contrapesos al poder y consolidando un modelo de gobierno centralizado y opaco.
En particular, la eliminación del INAI, encargado de la transparencia y la rendición de cuentas supone un grave retroceso, al privar a la ciudadanía del acceso a información pública que ha sido clave en la exposición de casos significativos de corrupción.
Durante el gobierno de López Obrador, el INAI reveló diversas irregularidades. Destacan los desvíos superiores a 15 mil millones de pesos en SEGALMEX y los contratos por 365 millones otorgados por PEMEX a empresas vinculadas a Felipa Obrador, prima del entonces presidente.
Además, obligó al gobierno a transparentar los costos y contratos relacionados con las vacunas contra la COVID-19, promoviendo la supervisión ciudadana en un momento crítico para el sector salud.
El instituto también facilitó el acceso a documentos clave sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, proporcionando información crucial para la investigación. Sus resoluciones expusieron escándalos de corrupción, tráfico de influencias y conflictos de interés relacionados con los hijos de López Obrador.
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Entre estos, se dieron a conocer los contratos de la empresa propietaria de la “Casa Gris”, la mansión en Houston donde vivía José Ramón López Beltrán, así como la red de tráfico de influencias atribuida a Andy y Bobby López Beltrán, vinculada al Tren Maya, Dos Bocas, el Corredor Transístmico y la compra de medicamentos.
Estas acciones no solo pusieron al descubierto prácticas cuestionables, sino que también fortalecieron el derecho ciudadano a la información y la exigencia de rendición de cuentas. La eliminación del INAI y la transferencia de sus funciones a la Secretaría de la Función Pública contribuyen al secretismo y favorecen la impunidad.
La centralización del poder es peligrosa, ya que transferir responsabilidades de organismos autónomos al Ejecutivo favorece intereses políticos y amenaza sectores clave.
Este proceso podría generar monopolios, desproteger a los consumidores y ahogar la economía. El desmantelamiento de instituciones como el CONEVAL, que evalúa la pobreza, y su control por el INEGI, subordinado al Ejecutivo, refleja una estrategia de control y concentración de poder.
La eficiencia prometida por el gobierno es falsa, ya que al transferir funciones a dependencias saturadas se incrementa la ineficiencia. Estas acciones son un ataque a la democracia y un paso más hacia el autoritarismo. Al tiempo…
DETALLES. El presidente de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador pidió a México la extradición de Walter Solís, exministro de Correa, para enfrentar cargos de peculado en el caso Reconstrucción de Manabí. ¿Respetará México la justicia o protegerá a un acusado de corrupción?