El Presupuesto de Egresos 2025 es una verdadera vergüenza. No solo fue aprobado de manera autoritaria, sin debate ni apertura a propuestas de la oposición, sino que también refleja decisiones equivocadas que amenazan el futuro del país. Morena y sus aliados aprovecharon su mayoría en la Cámara de Diputados para imponer un proyecto que prioriza sus intereses políticos por encima de las verdaderas necesidades de la población.
El gobierno está utilizando el dinero público como herramienta de control. Gran parte del presupuesto se destina a proyectos como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Estas obras, además de sus elevados costos y la falta de transparencia, son inviables.
El Tren Maya, por ejemplo, ya supera los 450 mil millones de pesos, más del triple de lo estimado inicialmente, según la Secretaría de Hacienda. Además, ha causado daños ambientales y despojado a comunidades indígenas.
En cuanto a la refinería Dos Bocas, su costo ha aumentado de los 160 mil millones de pesos previstos, a más de 300 mil millones y su rentabilidad es cada vez más cuestionable en un mundo que avanza hacia las energías renovables.
Mientras tanto, el AIFA, aunque el gobierno lo presenta como un logro, opera solo al 15% de su capacidad, y el gasto en mantenimiento sigue aumentando sin generar un beneficio claro para el país. Entre estos tres proyectos se concentran más de 750 mil millones de pesos, dejando áreas clave como la salud y la educación en un segundo plano.
En un país donde, según el INEGI, 15 de cada 100 mexicanos carecen de acceso a servicios de salud, y donde los hospitales enfrentan un desabasto de medicamentos, incluidas las terapias necesarias para niños con cáncer, la situación resulta inaceptable. Más del 50% de las escuelas públicas requieren mantenimiento urgente, pero el gobierno prefiere ignorar estas dificultades y priorizar proyectos faraónicos.
Además, se ataca a las instituciones autónomas encargadas de garantizar la transparencia. Organismos como el INAI y el CONEVAL han sufrido recortes que limitan su capacidad operativa, debilitando los contrapesos al Ejecutivo y concentrando aún más poder. Por si fuera poco, los estados y municipios, que ya enfrentan serias carencias, recibirán menos recursos, lo que afectará programas clave en áreas como seguridad, infraestructura y servicios básicos.
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El problema no termina ahí. El financiamiento del presupuesto depende de una deuda creciente: para 2025, se estima que la deuda pública alcanzará el 48.8% del PIB, un aumento preocupante desde el 46.3% en 2018.
Esto compromete recursos que podrían destinarse a empleo, innovación y combate a la desigualdad. Mientras tanto, no hay medidas claras para atraer inversión privada, clave para impulsar la economía. De hecho, México ha perdido competitividad en áreas fundamentales como infraestructura y Estado de derecho, según el Foro Económico Mundial.
Queda demostrado una vez más que el oficialismo está enfocado en proyectos inútiles, mientras descuida las necesidades básicas de la población y desmantela instituciones democráticas.
Debemos exigir un manejo responsable y transparente de los recursos públicos pues somos los ciudadanos quienes pagamos las consecuencias de estas decisiones absurdas.
DETALLES. Con las reformas a la Ley del INFONAVIT, el gobierno busca despojar a los trabajadores de sus ahorros, que suman 2 billones de pesos, fruto de su esfuerzo.
Este robo institucionalizado es cruel e inhumano, ya que pone en riesgo su seguridad financiera y los deja desprotegidos ante imprevistos y futuros inciertos. Es una injusticia que esos recursos, generados por los propios trabajadores, sean utilizados para fines ajenos a su bienestar.