Las reformas constitucionales aprobadas en 2024 no solo representan un retroceso monumental para México, sino un asalto directo a los principios que sostienen nuestra democracia, nuestra economía y nuestros derechos fundamentales.
Estas iniciativas, impulsadas por el Ejecutivo Federal con un desprecio evidente por las consecuencias a largo plazo, consolidan un modelo autoritario y destructivo que amenaza con sumir al país en la incertidumbre, el rezago y la arbitrariedad.
La elección popular de jueces, magistrados y ministros es un ataque frontal a la independencia del Poder Judicial. Este cambio politiza uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho, sometiendo la impartición de justicia a intereses partidistas y a la manipulación de la opinión pública.
La justicia, que debería estar guiada por la imparcialidad y el conocimiento técnico, se transforma en un espectáculo populista, minando la certidumbre jurídica y alejando inversiones que dependen de un entorno estable y confiable. En lugar de profesionalizar los poderes judiciales estatales, se opta por profundizar el caos, perpetuando un sistema donde el acceso a la justicia sigue siendo un privilegio para pocos.
La expansión de la prisión preventiva oficiosa es una herramienta peligrosa que legaliza la arbitrariedad del Estado. Con esta reforma, se abre la puerta a la criminalización masiva de inocentes, utilizando las cárceles como depósitos humanos en lugar de centros de rehabilitación.
Es una medida propia de regímenes represivos, que no solo pisotea derechos fundamentales, sino que convierte al sistema de justicia penal en un mecanismo de persecución política y social. En lugar de combatir la impunidad, este cambio refuerza las prácticas más sombrías de un Estado que parece decidido a gobernar desde el miedo.
La militarización de la seguridad pública mediante la integración de la Guardia Nacional al mando militar es otra evidencia de la deriva autoritaria del régimen. Contradice de manera flagrante los principios constitucionales que establecen la naturaleza civil de la seguridad, mientras perpetúa un modelo fallido que ha demostrado ser incapaz de contener la violencia que azota al país.
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Este enfoque no solo expone a los ciudadanos a mayores violaciones de derechos humanos, sino que crea un entorno de inseguridad jurídica que espanta la inversión y debilita el tejido social. La militarización es una solución fácil y superficial, que ignora la urgente necesidad de fortalecer a las policías locales y establecer una estrategia de seguridad basada en la prevención y la justicia.
La desaparición de organismos autónomos como el INAI, la COFECE y el IFT es la agresión más grave a los contrapesos en nuestra democracia. Estos organismos, construidos con décadas de esfuerzo ciudadano, han sido fundamentales para garantizar la transparencia, la competencia económica y la protección de derechos en un país históricamente marcado por los abusos de poder.
Su eliminación consolida un régimen de opacidad y arbitrariedad y desmantela uno de los últimos límites al autoritarismo. Este acto representa un ataque frontal a la división de poderes, un mensaje claro de que el Ejecutivo no tolerará vigilancia ni cuestionamientos.
Las reformas constitucionales de 2024, engloban un proyecto de nación que destruye instituciones democráticas y someten al país a un régimen de control absoluto. Al tiempo…
DETALLES. ¡Feliz Año Nuevo! Que el 2025 traiga paz, justicia y esperanza para todos y que las autoridades hagan lo que realmente tienen que hacer para lograr un México más seguro y justo.