En el marco de la lucha por la democracia y el respeto a los derechos de los ciudadanos, la usurpación de Maduro en Venezuela representa un flagrante acto de autoritarismo.
El año pasado, quedó claro ante la comunidad internacional que el único e indiscutible ganador de las elecciones del 28 de julio, con casi el 70% de los votos comprobados con las actas en la mano, fue Edmundo González Urrutia.
Este líder, representante de la oposición democrática, se ha convertido en un símbolo de esperanza para un pueblo exhausto tras años de represión y crisis humanitaria.
Sin embargo, la dictadura venezolana, respaldada por pseudo instituciones alineadas con los intereses de Maduro, se aferró al poder a través de fraudes descarados y una implacable persecución política.
Tras las elecciones presidenciales, se registró un aumento significativo en el número de presos políticos en el país. Según la organización no gubernamental Foro Penal, al 2 de septiembre de 2024, había mil 793 presos políticos en Venezuela, de los cuales mil 659 fueron detenidos después de las elecciones. Muchos de ellos, incluidos menores de edad, enfrentan cargos de terrorismo sin haber recibido sentencia.
Lo más indignante de esta situación no radica únicamente en la perpetuación de un régimen ilegítimo, sino en el respaldo brindado por ciertos gobiernos, como el de México, al asistir y avalar el acto de usurpación de Maduro.
Este hecho llevado a cabo por parte de figuras como la presidenta de México, constituye una vergüenza nacional e internacional. Al reconocer a un régimen que contraviene los valores democráticos que nuestro país supuestamente defiende, se legitimó la usurpación y se socavaron los esfuerzos de la comunidad internacional por denunciar crímenes y exigir una transición pacífica en Venezuela.
El silencio, o peor aún, la complicidad de actores clave como México, tiene consecuencias devastadoras. En lugar de utilizar su peso diplomático para presionar por elecciones libres y transparentes, optaron por alinearse con un régimen señalado por violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluyendo asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias y censura. Este respaldo no solo traiciona al pueblo venezolano, sino que también debilita el compromiso global con la justicia y el respeto a los procesos democráticos.
La comunidad internacional no puede permanecer pasiva. Denunciar y rechazar la usurpación de Maduro no es una cuestión de injerencia, sino de solidaridad, empatía, respeto y congruencia con los millones de venezolanos que exigen el reconocimiento a su voluntad soberana. Asimismo, es imperativo que los gobiernos que avalan estos actos rindan cuentas por su papel en perpetuar el sufrimiento de los pueblos oprimidos.
Edmundo González Urrutia es el presidente legítimo de Venezuela, reconocido por el Parlamento Europeo y varios gobiernos democráticos como Argentina, Chile, Estados Unidos, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Su elección en julio de 2024 refleja la voluntad popular y el anhelo de libertad de los venezolanos.
México, un país históricamente reconocido por su tradición de asilo y defensa de la democracia, se encuentra ahora del lado incorrecto de la historia. Al reconocer un régimen ilegítimo, traiciona sus principios y a los millones de latinoamericanos que luchan diariamente por una vida más digna y libre.
¡MARÍA CORINA, EDMUNDO, SEGUIMOS CON USTEDES! ¡HASTA VER A VENEZUELA LIBRE! Al tiempo…
#HastaElFinal
DETALLES. Toda mi solidaridad con los habitantes de Los Ángeles, quienes han enfrentado los devastadores incendios que arrasaron con su tierra. Lamento profundamente el dolor causado, desde la pérdida de hogares hasta la angustia e incertidumbre que afecta a tantas familias. Mis pensamientos con ustedes.
