Veracruz se ha convertido en un cementerio clandestino, una herida abierta que simboliza la corrupción y la impunidad, y donde el gobierno ha permitido que la violencia y las desapariciones forzadas sigan cobrando vidas.
La proliferación de fosas clandestinas en el estado no es un fenómeno aislado, sino el reflejo de un sistema gubernamental que ha preferido el silencio ante la tragedia en lugar de confrontar la realidad.
El régimen morenista ha hundido al país en una crisis de derechos humanos sin precedentes, ofreciendo únicamente evasivas y opacidad cuando lo que se requiere es justicia.
Las cifras son escalofriantes. Según la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), entre diciembre de 2018 y abril de 2023, México acumuló 2 mil 863 fosas clandestinas, alcanzando un total de 5 mil 698. Veracruz lidera esta macabra lista con 668 fosas, lo que refleja la completa ausencia de una estrategia de seguridad y prevención efectiva.
A nivel nacional, se han exhumado 4 mil 837 cuerpos, pero solo el 47.1% han sido identificados y apenas el 28.5% entregados a sus familias. Detrás de estas cifras frías se encuentran miles de vidas truncadas y familias condenadas a vivir con la incertidumbre eterna.
Los gobiernos morenistas no solo han sido incapaces de detener esta crisis, sino que han contribuido activamente a su agravamiento. La falta de transparencia es flagrante: desde 2023, las autoridades federales han dejado de actualizar las estadísticas sobre las fosas clandestinas, ocultando deliberadamente la magnitud del problema. Esta desinformación no es un accidente; es una estrategia calculada para evadir responsabilidades y perpetuar la impunidad.
La complicidad del Estado en estas desapariciones es clara y no admite debate. Durante el mandato de Javier Duarte (2010-2016), se documentó la participación directa de funcionarios estatales en desapariciones forzadas, crímenes que constituyen delitos de lesa humanidad. Hasta hoy el sistema de impunidad sigue funcionando.
PUBLICIDAD
La administración de Claudia Sheinbaum no solo ha fracasado en romper con este ciclo, sino que ha provocado retrocesos alarmantes en materia de transparencia, sin implementar políticas mínimamente efectivas para frenar esta tragedia.
Mientras el gobierno sigue sin actuar, quienes buscan a sus desaparecidos lo hacen a costa de su propia seguridad. Casos como el de Héctor Aparicio, desaparecido en Veracruz mientras buscaba a su hijo, demuestran la brutal realidad de un país donde exigir justicia puede costar la vida. Los colectivos de búsqueda son los verdaderos protagonistas en la lucha por la verdad, mientras que las autoridades simulan preocupación pero, en los hechos, bloquean el acceso a la justicia.
Es inaceptable que, en pleno 2025, México siga cubierto por fosas clandestinas y promesas vacías. La negligencia, la corrupción y la indiferencia han convertido al país en el epicentro de una crisis humanitaria que el oficialismo se niega a reconocer.
Es urgente que los responsables sean castigados y que se implementen medidas reales para poner fin a esta barbarie. No se puede permitir que la muerte y el olvido sigan siendo la única respuesta del Estado. Al tiempo…
DETALLES. El oficialismo está buscando apoderarse de los ahorros de los trabajadores con la reforma al INFONAVIT. Al eliminar la autonomía de la institución y abrir la puerta a decisiones políticas, ponen en riesgo el destino de los fondos, que deberían ser protegidos para el bienestar de los derechohabientes, no para intereses ajenos a ellos. ¡URGE FRENAR ESA REFORMA!