La comunidad se ha convertido en una red de vigilancia central, donde los ojos de la ciudadanía están puestos en identificar y denunciar aquellas acciones atentatorias del bien común.
Ese reporte de lo inadmisible, de aquello violatorio de las normas de justicia y equidad, es un acto fundamental para el mantenimiento del orden social y la protección de los derechos individuales y colectivos.
El modelo tradicional de contrato social, desarrollado por filósofos como Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques Rousseau, suponía al Estado como principal garante del orden y justicia. No obstante, la globalización y la revolución tecnológica han generado una comunidad activa respecto a la vigilancia.
Las redes sociales son el complemento. Permiten la rápida movilización de la opinión pública en torno a denuncias de lo inadmisible, incorrecto o ilegal, con presiones capaces de traducirse en cambios reales.
Un video particular exhibió el momento en que un joven, identificado posteriormente como Lucio de 18 años, se detiene junto a un automóvil en Tultitlán y deja bolsa. Dentro estaba un bebé recién nacido, quien sobrevivió ante la intervención oportuna de los vecinos al solicitar ayuda a las autoridades.
Esa contribución permitió salvar una vida y colaborar con el Estado al mantenimiento del orden público, en la transformación del contrato social en un pacto más dinámico y participativo.
Desde el C5 promovemos la noción de la comunidad como fundamento de la seguridad, la indispensable integración de la ciudadanía a la construcción de espacios de paz a partir del reporte de situaciones irregulares o de emergencia a las líneas 9-1-1, 089 para la denuncia anónima, *765 por violencia a la mujer o 55 5036 3301 en caso de extorsión.
La vigilancia no es una tarea exclusivamente policial. La comunidad también puede ser un tribunal de lo inadmisible.