Para prevenir la repetición de violaciones graves a los derechos humanos y a la dignidad de las víctimas es fundamental conocer la verdad de los crímenes, identificar a los responsables y comprender las circunstancias en las cuales ocurrieron.
Esa es la esencia de conmemorar este 24 de marzo el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, creado en 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas como homenaje a quienes han sido víctimas de secuestro, tortura, desaparición y muerte.
Es también una fecha para recordar a Monseñor Oscar Arnulfo Romero, asesinado en 1980 por denunciar abusos de este tipo, en su país, El Salvador, en una década agitada en América Latina ante la represión derivada de regímenes militares dominantes en los años 70.
Un detonante de la creación de instancias de la verdad. En Argentina, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas expuso las atrocidades de la dictadura militar de Jorge Rafael Videla.
En Chile, la Comisión sobre Prisión Política y Tortura dio voz a las y los sobrevivientes del régimen de Augusto Pinochet, y en Colombia, la Comisión de la Verdad investigó causas y consecuencias del conflicto armado entre grupos insurgentes y fuerzas del Estado.
Los hallazgos en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, colocan en el centro de atención la necesidad de llegar a la verdad a través de investigaciones que posibiliten conocer lo ocurrido en el sitio y los responsables.
Bajo esa lógica, la Presidenta Claudia Sheinbaum planteó el fortalecimiento de las instituciones de búsqueda y de la base de personas desaparecidas. La estrategia es acompañada por el Gabinete para la Búsqueda de Personas Desaparecidas creada en la Ciudad de México por instrucción de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.
La verdad implica voluntad política.