El fuero constitucional es una protección legal que tienen algunos funcionarios públicos en México, como diputados, senadores y gobernadores. Esto significa que no pueden ser juzgados o arrestados mientras ocupan su cargo, a menos que el Congreso les quite esa protección en un proceso llamado desafuero.
La idea original del fuero era evitar que los políticos fueran perseguidos injustamente por motivos políticos. Sin embargo, en la realidad, puede ser usado para evitar que enfrenten la justicia por delitos graves.
En el caso de Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos, el fuero le ha servido como un escudo para evitar responder ante la ley por una denuncia de intento de violación.
Su media hermana lo acusó de haberla agredido en diciembre de 2023 en la residencia oficial del Gobierno de Morelos. A pesar de la gravedad de la denuncia, la Cámara de Diputados decidió no quitarle el fuero, lo que impide que pueda ser investigado y llevado a juicio.
La decisión de morena y aliados de respaldar a Blanco evidencia la doble moral del oficialismo. Mientras aseguran defender los derechos de las mujeres, protegen a un político acusado de un delito grave. Esta contradicción demuestra que el fuero se utiliza más para proteger intereses que para garantizar justicia.
No quitarle el fuero a Blanco es injusto porque impide que la ley actúe de manera libre. En un país donde la violencia hacia las mujeres es un problema grave, mantener su protección legal manda un mensaje terrible: los poderosos pueden evitar la justicia, mientras que las víctimas quedan desprotegidas.
Además, deja claro que en México la impunidad sigue siendo un problema cuando los intereses políticos están por encima de los derechos humanos.
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El fuero debería ser una herramienta para proteger a los servidores públicos de ataques políticos, no un mecanismo para encubrir delitos. Mientras se sigan tomando decisiones con base en cálculos políticos y no en principios de justicia, la confianza en las instituciones seguirá debilitándose y la violencia hacia las mujeres seguirá impune. Al tiempo…
DETALLES. Teuchitlán refleja el fracaso de la estrategia de seguridad del gobierno actual, que, en lugar de combatir al crimen, ha permitido que crezca. Mientras las víctimas quedan desamparadas, el oficialismo evade responsabilidades.
México vive una crisis de seguridad insostenible. Exigimos justicia, acción inmediata y que el gobierno deje de ignorar a las madres buscadoras. No más excusas, no más impunidad.