Desde el inicio de su nuevo mandato, Donald Trump ha retomado su política económica proteccionista, imponiendo aranceles más altos a países como México, Canadá y China, especialmente en sectores estratégicos como el acero, el aluminio y la industria manufacturera.
Recientemente, el presidente estadounidense elevó los aranceles al 25% para productos originarios de México y Canadá, y duplicó los aranceles a productos chinos hasta el 20%.
Aunque estas medidas buscan incentivar la manufactura estadounidense, también han generado preocupaciones legítimas sobre represalias comerciales y el riesgo de una desaceleración económica global, afectando directamente sectores como el automotriz, tecnológico y agrícola.
Ante este escenario, desde el Partido Acción Nacional hemos presentado una serie de estrategias concretas para mitigar los efectos negativos de estos aranceles y fortalecer la economía interna.
Entre nuestras propuestas destacan los estímulos fiscales a las MIPYMES, la suspensión temporal del ISAN para vehículos, así como una ley de apoyo integral a la industria automotriz y maquiladora.
También hemos planteado acciones puntuales para contener la inflación, diversificar mercados de exportación y abrir canales diplomáticos con Estados Unidos con el fin de revertir estas medidas.
El impacto potencial sobre la industria automotriz es particularmente delicado. En 2024, México alcanzó un récord histórico en producción y exportación de vehículos, con cerca de 4 millones de unidades fabricadas, de las cuales alrededor del 80% se exportaron a Estados Unidos.
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La implementación de estas tarifas, por tanto, podría disminuir sensiblemente la competitividad de nuestros productos, afectando la producción, la inversión y el empleo en uno de los sectores más dinámicos del país.
Según estimaciones recientes, los efectos económicos de esta guerra comercial podrían traducirse en una caída del PIB de hasta 6.68%, pérdidas superiores a los 120 mil millones de dólares, y una contracción del 15% en las exportaciones totales, particularmente en sectores como el automotriz y el agroalimentario. La industria maquiladora, clave en las regiones fronterizas, también se vería severamente afectada.
Desde Acción Nacional impulsamos un plan estratégico orientado a blindar la economía nacional. Entre nuestras propuestas se incluyen estímulos fiscales y deducciones por gastos relacionados con aranceles, la creación de fondos emergentes para sostener a la industria automotriz y manufacturera, y la implementación de mecanismos efectivos para contener la inflación sin sacrificar el poder adquisitivo de las familias mexicanas.
Asimismo, planteamos redireccionar recursos públicos que hoy se destinan a proyectos ineficientes —como la aerolínea estatal Mexicana de Aviación o el Tren Maya— para apoyar a los sectores productivos verdaderamente estratégicos y afectados por el entorno internacional. La política pública debe ser eficaz, no ideológica.
Otra de nuestras propuestas clave es la creación de un seguro de desempleo para proteger a quienes pierdan su empleo como resultado de la desaceleración derivada de estos nuevos aranceles. Se trata de brindar un respaldo inmediato mientras se estabilizan los sectores productivos.
Sabemos que los aranceles representan un desafío considerable, pero también una oportunidad para replantear y diversificar nuestra estrategia comercial.
Con propuestas responsables, viables y técnicamente sólidas, desde Acción Nacional trabajamos para mitigar los efectos adversos, proteger el empleo, y elevar la competitividad de México en el contexto global. Nuestra prioridad es y seguirá siendo el bienestar de las familias mexicanas. Al tiempo…
DETALLES: Hace unos días, morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron una reforma que elimina CompraNet, el sistema electrónico de compras públicas del gobierno federal, sustituyéndolo por una plataforma controlada directamente por el Ejecutivo.
Esta reforma, lejos de modernizar los procesos, destruye la transparencia, facilita la opacidad y abre la puerta a adjudicaciones discrecionales sin vigilancia ciudadana ni contrapesos institucionales. Se trata de un retroceso grave en materia de rendición de cuentas. La iniciativa ya fue turnada al Senado: ¡NO DEBE APROBARSE!