En México, más de cien mil personas han desaparecido en los últimos años. La dimensión de esta tragedia es tal, que ya no puede entenderse como un problema aislado: se trata de una crisis nacional de derechos humanos. Y frente a esa realidad, el papel de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha sido, en el mejor de los casos, decepcionante.
La CNDH fue concebida como un organismo autónomo, con la responsabilidad de proteger a las víctimas, denunciar los abusos de poder y garantizar el acceso a la justicia.
Sin embargo, hoy, en el momento en que más se necesita su presencia, ha optado por el silencio o la tibieza. Ha dejado de ser un contrapeso efectivo y se ha convertido en una institución pasiva, burocrática y distante del drama que viven miles de familias.
Las madres buscadoras, esas mujeres que recorren caminos, campos y fosas en busca de sus hijas e hijos desaparecidos, no han contado con el respaldo que merecen por parte de la CNDH. Han enfrentado solas la violencia, la indiferencia institucional y la falta de respuestas.
Mientras ellas hacen el trabajo que debería corresponder al Estado, han sido incluso asesinadas, y la Comisión ha permanecido al margen, con actuaciones limitadas y recomendaciones que rara vez se traducen en acciones concretas.
Un ejemplo reciente que refleja precisamente este desinterés de la CNDH frente a la gravedad de la crisis es el hallazgo en el Rancho Izaguirre. Este descubrimiento pone en evidencia la profunda crisis de seguridad y derechos humanos que atraviesa el país.
Desde hace años, México enfrenta una situación crítica en torno a las desapariciones forzadas, muchas de ellas vinculadas al crimen organizado y, en ciertos casos, a la complicidad de autoridades locales o estatales.
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Este escenario ha propiciado la aparición constante de fosas clandestinas en diversas regiones, donde se han encontrado restos humanos en condiciones desgarradoras.
No podemos seguir permitiendo que el crimen organizado reclute a jóvenes para cometer delitos, ni que las instituciones del Estado sigan actuando con indiferencia ante el dolor de miles de familias.
Desde el Partido Acción Nacional hemos señalado estas omisiones con claridad. No es posible que un organismo creado para proteger a las víctimas termine favoreciendo, con su inacción, a los mismos actores que permiten o encubren las violaciones a derechos humanos.
No es admisible que, ante la mayor emergencia humanitaria del país, la CNDH actúe más como vocera del poder que como defensora de los ciudadanos.
Por eso, desde el PAN hemos respaldado a las madres buscadoras con hechos, no solo con palabras. Hemos propuesto la creación de un fondo de apoyo a las familias de personas desaparecidas, con recursos suficientes.
También hemos propuesto que las familias tengan acceso real y oportuno a las carpetas de investigación, así como a los sitios donde presuman que podrían encontrarse restos humanos. El derecho a la verdad no puede estar sujeto a trámites eternos ni a decisiones discrecionales.
Además, hemos impulsado la creación de una Comisión Internacional de Expertos, independiente y con credibilidad. Sabemos que la solución a esta crisis no es sencilla.
Pero también sabemos que sin voluntad política real y sin instituciones que estén a la altura, como debería estarlo la CNDH, será imposible avanzar. Por eso reiteramos: las madres buscadoras no están solas. Cuentan con nuestro respaldo, con nuestra voz en el Congreso. Al tiempo…
DETALLES. Es alarmante que en 2024 se hayan registrado 639 agresiones contra la prensa en México, un aumento del 14% respecto a las 561 del año anterior.
Lo más preocupante es que, a pesar de estas cifras crecientes, el oficialismo sigue sin tomar medidas efectivas para proteger a los periodistas, lo que deja en evidencia la falta de compromiso con la libertad de expresión y la seguridad de la prensa.