Mariana Gómez del Campo, Secretaria de Asuntos Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y Presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA).
En México se está dando una lucha muy importante: la defensa de la libertad de expresión. Una nueva propuesta de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión —conocida como la “Ley Censura”— podría cambiar radicalmente la manera en que usamos internet y redes sociales.
Aunque el gobierno dice que esta reforma busca modernizar el sector y proteger la “soberanía digital”, en realidad le daría al Poder Ejecutivo la posibilidad de bloquear plataformas digitales sin reglas claras. Para hacerlo, se crearía una nueva agencia llamada “Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones”, que estaría bajo el control directo del gobierno.
Esta agencia reemplazaría al actual Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que es autónomo y hasta ahora ha sido un organismo que garantiza la diversidad informativa.
Uno de los mayores problemas está en el artículo 109 del proyecto de reforma pues permitiría al gobierno intervenir en internet de forma arbitraria. ¿Qué plataformas se podrían bloquear? ¿Por qué motivos? ¿Cómo sería el proceso?
No hay respuestas claras, y esa falta de certeza puede ser usada para reprimir voces críticas. Una ley poco clara, en manos del poder, se convierte en una herramienta política peligrosa.
Esto no es nuevo. En Venezuela, en 2017, el gobierno de Nicolás Maduro aprobó la “Ley contra el Odio”, supuestamente para fomentar la tolerancia.
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En la práctica, ha servido para silenciar a la oposición, castigar a periodistas y cerrar medios de comunicación. Más de 500 sitios web han sido bloqueados y hoy en Venezuela mucha gente tiene miedo de expresar su opinión en línea.
La similitud con lo que podría pasar en México es preocupante. En ambos casos, el gobierno busca decidir qué información puede circular y cuál no. Así se crea un ambiente de miedo y se impone una sola versión de la realidad. La censura ya no se oculta: se convierte en parte oficial del sistema.
Además, se utiliza una excusa común: la amenaza del “enemigo externo”. En México, el gobierno justifica la reforma diciendo que quiere evitar la intervención extranjera, las noticias falsas o proteger la seguridad nacional. Pero este argumento ha sido usado muchas veces por gobiernos autoritarios para justificar la represión.
México está en un momento delicado. Si esta reforma se aprueba, el gobierno podría tener el control total de lo que la gente puede ver, decir o compartir en internet. Así empiezan los regímenes autoritarios: no con un golpe de Estado, sino poco a poco, quitando libertades y silenciando voces.
Todavía hay tiempo para detener esta reforma, pero es urgente alzar la voz. Lo que está en juego no es un tema técnico, sino uno de los derechos más fundamentales: la libertad de expresión. Al tiempo…
DETALLES. La impunidad y la falta de control del Estado siguen cobrando vidas inocentes, como la de una madre y su hijo asesinados en un parque de Jalisco. El oficialismo, en lugar de garantizar seguridad, permanece imovil ante el avance de la violencia.