Las autoridades de seguridad de El Salvador informaron el lunes que durante el fin de semana detuvieron a un millar de pandilleros por un repunte de la violencia.
El gobierno decretó estado de excepción luego de que en tres días se reportaran 87 asesinatos. El estado de excepción —solicitado por el presidente y aprobado por el Congreso— limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona detenida a ser debidamente informada de sus derechos y razones del arresto, así como a la asistencia de un abogado en el proceso.
Además amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de quienes consideren sospechosos.
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La suspensión de garantías constitucionales no afecta a la libertad de expresión o libre circulación. La medida durará 30 días, aunque se podrá extender por otro mes si continúan las circunstancias que la motivaron.
El presidente Nayib Bukele advirtió a los pandilleros a través de Twitter que, de no detener la violencia, se ejercería más presión contra compañeros que están tras las rejas. La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que el domingo se registró una reducción de los asesinatos, al confirmar 11 en siete de los 14 departamentos del país.
Las medidas tomadas por el gobierno de Bukele han provocados criticas de algunos sectores que han advertido que se puede prestar para una serie de arbitrariedades y abuso de poder.
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