La modernización del transporte público en Puebla ha sido un fracaso a casi dos años del anuncio. La pandemia, las elecciones y la crisis económica que ha derivado han detenido la tan anhelada transformación de las rutas.
En octubre de 2019 el Gobierno de Miguel Barbosa Huerta formalizó el aumento a la tarifa pasaje, pasando de 6 a 8.5 pesos en microbuses y de 5.5 a 8 pesos en unidades tipo van, lo que significó un alza de 46 y 41%, respectivamente, después de ocho años sin aumento.
El acuerdo, fue que los concesionarios deberían cumplir con la modernización de sus unidades más antiguas, colocación de cámaras de vigilancia, así como dispositivos GPS, pero esto no ha sucedido.
Hoy, a casi dos años del acuerdo, los transportistas piden un plan de negocios para que el Gobierno pueda subsidiar parte del aumento de la tarifa, es decir, que haya recursos para la operación de los vehículos, para la renta de los concesionarios y choferes, al igual que para mejorar las unidades.
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Samuel Méndez Díaz, vicepresidente de la Asociación de Transportistas del Estado de Puebla, resaltó que los concesionarios no pueden cumplir con la Ley de Movilidad que aprobó el Congreso en días pasados, la cual, establece que para circular los vehículos deben estar en óptimas condiciones.
El representante de más de seis mil concesionarios que circulan en la capital, Atlixco, Cholula, Libres, Izúcar de Matamoros, Oriental y Tehuacán, admitió que apenas un 10% cumple con las mejoras.
“De acuerdo con estudios de la Secretaría de Movilidad, se contemplaba 10 pesos de tarifa, más un subsidio del gobierno para que se elevara a 15 pesos, actualmente no tenemos nada, tenemos 6.22 y 6.72 por los descuentos a estudiantes, tercera edad y discapacitados”, dijo.
Méndez Díaz resaltó que un autobus grande necesita siete mil 200 pesos diarios para operar, pagar combusitble, prestaciones y renovarse; un microbus cinco mil 400 pesos; y las unidades tipo van tres mil 200 pesos diarios.
Además, señaló que con la entrega de permisos de manera ilegal, se aumentó el número de unidades que se requieren para ofrecer el servicio, lo cual también genero una crisis en los transportistas por la sobreoferta de taxis, servicio ejecutivo, más las unidades “pirata” y ahora los mototaxis.
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Según datos que dio el entonces titular de la Secretaría de Movilidad, Guillermo Aréchiga, en febrero había seis mil de 10 mil unidades las que ya tenían cámaras de videovigilancia, botones de pánico y dispositivos de geolocalización (GPS) para reforzar la seguridad.
No obstante, representantes transportistas señalaron que el Gobierno Estatal solo tiene la capacidad tecnológica para monitorear a cinco mil dispositivos al mismo tiempo.
Los números
- Aumento tarifa de 6 a 8.50 pesos
- Unidades del transporte público y mercantil en Puebla: más de 40 mil, 15 mil de estos son taxis
- Unidades renovadas: dos mil 400
- Mil 200 unidades en pésimas condiciones
- Retiro de concesión: 147 unidades; 106 por rebasar la antigüedad permitida, 46 por falta de poliza
- Inversión cámaras de vigilancia, botones de alerta y GPS: 18 a 25 mil pesos
- Subsidio: dos viajes diarios por estudiante a concesionarios
