Uber le ganó la primera batalla al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, y le recordó que el acuerdo para regular tarifas en la entidad es inconstitucional.
La empresa informó que este 5 de enero un juez federal les concedió la suspensión provisional del acuerdo que fija tarifas máximas para el servicio de transporte, en su modalidad de servicio ejecutivo, en dicha entidad.
Cabe recordar, que hace unos días la Secretaría de Movilidad en Puebla publicó un acuerdo que pretendía establecer tarifas máximas a cobrar por los servicios privados que las aplicaciones digitales intermedian, como si estos fueran servicios de transporte público.
Ante esto, la empresa se inconformó, ganó la primera batalla y recordó que este amparo se fundamentó en los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la propia Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que han establecido que los servicios de transporte privado por aplicación son una categoría distinta, que no debe estar sujeta a la regulación pensada para los operadores tradicionales de transporte público, ni ser objeto de disposiciones que limiten la libre competencia, como la fijación de tarifas.
Añadió que la obtención de esta suspensión protege la libre competencia y brinda claridad sobre la naturaleza del modelo de negocios bajo el que operan las plataformas de movilidad privada, rigiéndose por las leyes de la oferta y la demanda.
Esta suspensión provisional ordenada por el juez, demanda a las autoridades de Puebla abstenerse de aplicar dicho acuerdo a los socios conductores registrados en Uber, mientras se obtiene la decisión definitiva.
Este acuerdo de las autoridades poblanas generó molestia entre los socios conductores, quienes protestaron por esta medida e incluso ya hubo enfrentamientos.
Hace unos días, el gobernador Miguel Barbosa defendió el uso de la fuerza contra conductores al argumentar que una manifestación pacífica no bloquea calles.
“Vamos a pelear legalmente”, responde Barbosa
En tanto, el mandatario poblano, dijo que respetará el resolutivo, pero no está de acuerdo, por lo que ‘peleará’ legalmente y se dejará constancia de que su gobierno defiende a los usuarios y “que sea la autoridad la que decida quién tiene la razón”.
Barbosa Huerta dijo que esta situación no les sorprende, pues la Secretaría de Movilidad y Transportes (SMT) ya ha recibido documentos “desafiantes” de Uber donde dicen que no van a cumplir con la ley, pues la oferta y la demanda no se regula por los gobiernos, pero insistió en que seguirán la ruta de defender a la gente.
Señaló que mientras este tipo de servicio no tiene regulación para su operación, los taxis mercantiles tienen que cumplir una serie de requisitos, tanto los vehículos como los conductores, y están sujetos a tarifas, para poder solicitar una concesión.
