La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla ha guardado silencio tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un bebé, de aproximadamente tres meses, al interior de un contenedor de basura en el Cereso de San Miguel, pues no ha emitido algún informe sobre el hecho, ni investigación al respecto.
Fue el pasado martes 11 de enero cuando un interno de dicho penal fue quién descubrió el cuerpo, tres días después, asociaciones cuestionaron fuertemente a las autoridades penitenciarias de dicha entidad la gravedad del hecho.
Los primeros reportes indicaban que el bebé fue encontrado con una incisión abdominal, y junto al cuerpo se habían encontrado documentos que indicaban que estuvo en un hospital.
[ 5 rituales cafeteros para iniciar tu díaOpens in new window ]
También ha trascendido en medios que la necropsia aplicada al bebé reveló que su muerte fue por asfixia mecánica; sin embargo, nada se ha hecho oficial, ni tampoco se ha informado si el crimen ocurrió dentro del penal o cómo ingresaron el menor.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exhortó a la FGE para realizar una investigación “seria, comprometida, diligente y eficaz que permita el esclarecimiento de los hechos y determine las responsabilidades correspondientes”.
Y a las autoridades del Gobierno de Puebla los exhortó a reforzar los controles de vigilancia, seguridad, revisión e ingreso en todos los centros del estado, a fin de evitar que este tipo de hechos se repitan.
Leer también: Puebla, líder en retrasar sentencia a presos, siete de cada 10 esperan más de un año
Asociación pide firmas para exigir justicia
Mientras, la Asociación Civil Reinserta ha solicitado la colaboración ciudadana para firmar una petición de justicia para el menor asesinado, a fin de que las autoridades de Puebla y de otras entidades implementen los protocolos necesarios para proteger la vida, el bienestar y la integridad de niñas y niños que viven o visitan los reclusorios.
A través de una campaña lanzada en la plataforma Change.org, la asociación realiza esta reunión de firmas dirigida a Alfredo Vargas Quintanilla, subsecretario de Centros Penitenciarios, así como al gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, y al director del Cereso de San Miguel, Jorge Gómez Torres, con el objetivo de no dar paso a la impunidad.
La petición requiere de 10 mil firmas para lograr la respuesta de las autoridades, hasta el momento se han conseguido siete mil 951 personas hayan firmado.
¿Cómo pudo haber ingresado un bebé sin los registros correspondientes? ¿Con qué tipo de autoridades contamos para que exista una ausencia de protocolos y un menor de edad pueda ingresar al Centro y no salir y que éstas no se den cuenta?”, señalan.
