La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) en Puebla, Ana Lucía Hill Mayoral se deslindó del acuerdo para la reapertura de la Udlap y que los estudiantes pudieran regresar a clases, difundida en diciembre, y rechazó que el Gobierno del Estado haya intervenido en el conflicto con el cierre del campus.
Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado como parte del tercer informe de labores del Gobierno de Miguel Barbosa, la funcionaria fue cuestionada por el diputado del PAN, Oswaldo Jiménez López sobre la presunta intervención del Gobierno, luego de que el pasado 29 de junio, elementos de la Policía Estatal tomaron las instalaciones de la universidad, en cumplimiento de una orden judicial para entregarlas al “nuevo patronato”.
Dicho patronato, encabezado por Horacio Pérez Magaña, y que nombró como rector al ex senador, Armando Ríos Piter, fue nombrado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, un órgano perteneciente a la Secretaría de Gobernación.
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La Junta removió a los patronos de las fundaciones Jenkins y Udlap para presumir que hubo afectación al patrimonio de las fundaciones, en cuanto a la ruta judicial, como se ha mencionado públicamente, lo ha dicho el gobernador, el Gobierno del Estado no puede inmiscuirse”, apuntó.
Incluso, Hill Mayoral señaló que en la reunión que tuvieron el pasado 10 de diciembre, miembros de la comunidad universitaria, padres de familia y el mismo secretario de Eduación estatal, Melitón Lozano Pérez, la intención “más allá de recuperar las clases, estaba dirigida a influir en el proceso judicial”.
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Fueron tres estudiantes, un profesor y una persona que se decía representante de los padres de familia, fui muy clara en decirles que el Gobierno del Estado no podía devolverles el campus porque no estaba en posesión de el, se los dije muy claramente, el interés de quienes participan en esa mesa, más allá de recuperar las clases, estaba dirigido a influir en el proceso judicial en el cual no tenemos ninguna participación”, dijo en respuesta a los cuestionamientos.
Reiteró que el conflicto es “un tema entre particulares”, competencia del Poder Judicial, y ninguna de las dependencias que integran el Gobierno del Estado es parte de este caso, por ello aseguró que respetarán el proceso judicial.
La Udlap es el centro de una disputa legal en la que está involucrada la Fundación Mary Street Jenkins, cuyos miembros son acusados de desviar más de 700 millones de pesos.
Estudiantes, padres de familia, docentes y trabajadores académicos se han manifestado en diversas ocasiones, haciendo marchas, mitines y hasta han intentado entrar por la fuerza a las instalaciones, ante el hartazgo de no poder regresar a clases y continuar con sus estudios, a casi siete meses del cierre del campus ubicado en San Andrés Cholula.
La Universidad de las Américas Puebla (Udlap) informó a la comunidad que habilitó sedes alternas para laboratorios y talleres remediales para algunas licenciaturas que serán abiertos el próximo 14 de febrero, a fin de continuar con las actividades presenciales de forma escalonada y en cumplimiento con los lineamientos sanitarios por la pandemia.
