La Comisión de Derechos Humanos (CDH) en Puebla ha pedido a su homóloga nacional que no atraiga la investigación por el bebé que fue hallado muerto en el penal de San Miguel, a pesar de que las autoridades han sido reservadas en información para esclarecer el caso.
Con una serie de argumentos constitucionales, el ombudsperson en Puebla, José Félix Cerezo Vélez, pidió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) abstenerse de atraer la investigación por el hallazgo del cuerpo de un menor de tres años, en un contenedor de basura dentro del Cereso el pasado 10 de enero.
El titular argumentó que, se prevé la facultad de atracción del organismo nacional cuando se trata de una presunta violación a derechos humanos, “siempre y cuando la naturaleza del asunto resulte de especial gravedad”, tales como atentados a la vida, tortura, desaparición forzada y otras de lesa humanidad.
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En ese tenor, la CDH no considera que los hechos en el penal de San Miguel “se encuadren en ningún momento en las infracciones graves a los derechos humanos”, pues aunque hay presencia de privación de la vida, “se desconocen las causas del fallecimiento”, siendo la línea de investigación que sigue dicho organismo local.
Respecto a la queja de la CNDH señaló que debió ser un acuerdo suscrito por la titular de presidencia y notificado de inmediato por Visitaduría General al organismo local, por lo que señaló que las actuaciones y diligencias in situ, son consideradas “ilegales y por lo tanto nulas”.
(…) al estar invadiendo la esfera competencial de este organismo estatal se solicita se inhiba primeramente de realizar planteamientos de esa naturaleza, ya que mal informan a la sociedad y transgreden la autonomía de los organismos locales”, señala.
Sin embargo, la CNDH aclaró que el comunicado fue un llamado para que las autoridades realicen una investigación integral y exhaustiva que permita el esclarecimiento de los hechos para dar con él o los responsables de la muerte del menor.
Asimismo, se hicieron puntuales señalamientos al Gobierno de Puebla para reforzar los controles de vigilancia, seguridad, revisión e ingreso en todos los centros del estado, a fin de evitar que este tipo de hechos se repitan.
La primera persona en dar a conocer el caso fue Saskia Niño de Rivera, presidenta de la organización Reinserta, quien el pasado 14 de enero denunció que el bebé fue hallado muerto el miércoles 12. Se encontraba con una incisión en el abdomen, dentro un contenedor de basura.
En una entrevista con un medio nacional este 20 de enero, declaró que el menor había sido robado de la Ciudad de México y llevado a Puebla, además dijo que pudo haber sido usado para meter droga al penal, aunque no refirió una fuente oficial.
El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa aceptó que dentro de los centros penitenciarios de Puebla se planean y cometen delitos.
Este miércoles dijo ya había algunos datos sobre el bebé, la investigación seguía en curso, por lo que la información debía seguirse manejando con secrecía, aunque advirtió que se revelaría “mucha porquería”.
