Organizaciones civiles, encabezadas por Reinserta, exigieron que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta explique el por qué de las declaraciones en contra de periodistas y activistas que han pedido el esclarecimiento del caso de Tadeo, el bebé hallado muerto en el penal de San Miguel.
Más de 70 organizaciones firmaron una carta dirigida a los legisladores federales para pedir que se esclarezca el caso a la brevedad, además de que se pida al mandatario poblano aclarar “de qué o de quién” deben cuidarse los periodistas y defensores de derechos humanos que han dado cobertura al caso, cuando señaló que estos lo hacen “con el ánimo de desgastar”.
Citaron las palabras del gobernador el pasado 21 de enero: “vuelvo a repetir, todos los que dijeron cosas van a silenciarse, porque así han actuado siempre, tengan cuidado también en el desempeño de la profesión, la noble profesión del periodismo, que no sirva también para destruir escenarios”.
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En conferencia de prensa, Leopoldo Maldonado, director regional de la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19, aseguró que Puebla está en el “ojo del huracán” por la intolerancia que prodiga el gobernador del estado ante los periodistas y defensores de derechos humanos, así como por antecedentes similares de mandatarios previos.
Los datos
- En 2029 hubo 72 agresiones y Puebla se ubicó en el segundo lugar a nivel nacional.
- En 2021 se registraron 23 agresiones contra la prensa, colocándose en la tercera posición.
Agresores: Funcionarios públicos, “envalentonados” a través de un discurso que estigmatiza a la prensa, que descalifica la crítica y llega a bloquear a periodistas.
A su vez, Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), resaltó que “no hay nada más reparador que el acceso a la justicia”, por lo que, en la memoria de Tadeo y por la niñez del país, esta investigación tendrá que enfrentar una historia diferente de un común denominador que es la “inmensa impunidad”, de más del 95% cuando se habla de delitos contra la niñez, lo cual no avanza a las garantía de la no repetición.
Juan Martín Pérez García, también de la Redim, resaltó que el caso de Tadeo resaltó el contexto del deterioro de la vida particular y social, los niveles de impunidad, redes criminales, políticos corruptos, el dinero que alimenta estas redes de “macrociminalidad” que ponen en riesgo a diferentes grupos que dan seguimiento a estos temas, entre estos periodistas.
Por ello, reiteró que son graves los señalamientos de Barbosa Huerta, pues generan ambientes negativos y que vinculan los crímenes contra periodistas y defensores de derechos humanos.
AMLO “solo dedica un minuto” al caso Tadeo
La mañana de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el caso de Tadeo es resultado de lo heredado por pasadas administraciones, un producto de la política neoliberal y falta de moral.
Ante esta respuesta, que a decir de Paola Zavala Saeb, socia fundadora de la Organización Comunitaria por la Paz (Ocupa), “no tomó más de un minuto” del tiempo del presidente, destacó la gravedad de minimizar este tema y no hacer acciones inmediatas o fincar responsabilidades.
Hasta el momento no hemos visto una sola renuncia, el director del centro penitenciario de Puebla sigue ahí, el subsecretario del sistema penitenciario sigue ahí, el gobernador, ni pensarlo, no va a decir ‘yo no he hecho nada en estos tres años, se pueden cambiar las condiciones, como pagarles mejor a los custodios’, la alcaldesa de Iztapalapa no ha dado ni una sola declaración”, señaló.
La activista apuntó que el tema es “mucho más profundo” y surge a partir de los problemas en las cárceles de todo el país, espacios donde se replica la violencia con deficiencias como: las condiciones de hacinamiento (103% en el caso de San Miguel), falta de división de personas encarceladas por delitos o por presunta inocencia, custodios con sueldos bajos, constantes episodios de violencia, entre otros.
Me parece grave cómo se están escondiendo este tema, dejándolo pasar, que pase el escándalo, poner a dos o tres personas en la cárcel, que seguro ya están en la cárcel, más dos custodios y se acabó el tema cuando es más profundo”, apuntó.
Por su parte, Saskia Niño de Rivera, presidenta de la organización Reinserta no descartó solicitar alguna medida de protección ante las amenazas del gobernador Barbosa, aunque precisó que hasta el momento ninguna de las organizaciones firmantes lo han hecho.
Las organizaciones demandaron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no desista en atraer la investigación y que la Fiscalía General de la República (FGR) también intervenga en el esclarecimiento de los hechos, así como en el cumplimiento de los protocolos para cuidar a los menores en las prisiones.
