La actual Legislatura del Congreso de Puebla ha acumulado seis litigios en su contra ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por reformas inconstitucionales, en apenas seis meses de la gestión encabezada por Sergio Salomón Céspedes, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinador de Morena.
Las acciones de inconstitucionalidad y una controversia constitucional son referentes a la identidad sexogenérica, el aborto, así como la aprobación de la tarifa para el alumbrado público y cobros excesivos por servicios de búsqueda y acceso a la información.
El último revés lo recibió por la llamada “Ley Agnes”, pues la SCJN determinó que es inconstitucional la reforma aprobada al Código Civil de Puebla, ya que establece que si una persona quiere cambiar su identidad autopercibida en el acta de nacimiento, tiene que ser mayor de edad.
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El máximo órgano de justicia consideró que se vulnera el derecho de un menor de edad a cambiar su identidad sexogenérica, por lo que dio un plazo de un año para modificar las leyes locales y permitir estas correcciones sin importar la edad.
El pasado el 7 de septiembre de 2021, la Suprema Corte resolvió considerar ilegal la criminalización absoluta del aborto, así como el uso del derecho penal para prohibirlo.
Aunque la Corte declaró la invalidez del artículo 196 del Código Penal específicamente del estado de Coahuila, las razones obligan a todos los jueces de México, tanto federales como locales considerar que son inconstitucionales las normas penales de las entidades federativas que criminalicen el aborto, entre estas Puebla, en donde se castiga con seis meses a un año de prisión a la mujer que aborte.
Una más
Otras correcciones que hizo la SCJN a la LXI Legislatura fue por “cobros injustificados y/o excesivos por el acceso a la información” que se establecieron en 109 Leyes de Ingresos de Municipios para el ejercicio fiscal 2019.
La Corte también echó abajo la tarifa única por Derecho de Alumbrado Público (DAP) que realizarían en 75 municipios por considerar que va en contra del derecho de un ciudadano a la seguridad jurídica.
Además, la actual Legislatura enfrenta una controversia constitucional promovida por el Ayuntamiento de Puebla, que preside Eduardo Rivera Pérez, por negarle el cobro del DAP en 2022, pese a haberlo aprobado a 143 municipios del interior del estado.
Es preciso mencionar que, la LX Legislatura, que concluyó en septiembre del 2021 y fue liderada por los morenistas Gabriel Biestro Medinilla y Nora Merino Escamilla, sumó 16 reveses de la SCJN, también por disposiciones inconstitucionales; 11 más siguen en litigio.
Lo anterior, deja entre dicho la profesionalización de quienes han encabezado y encabezan la Legislatura local, así como de la falta de atención a demandas en materia de derechos humanos, sobre todo porque las acciones han sido promovidas principalmente por las Comisiones de Derechos Humanos, tanto nacional como local.
