En el Congreso de Puebla se busca homologar las sanciones de la Ley Ingrid para los servidores públicos en la entidad que graben y difundan fotografías o videos de víctimas de algún asesinato o de violencia física o sexual; no obstante, en la entidad se propone que la pena se duplique cuando las víctimas sean mujeres, niñas, niños o adolescentes.
La propuesta fue presentada por la diputada del PT, Nora Merino Escamilla, durante la Sesión Ordinaria de este jueves, en donde propuso modificar el artículo 422 del Código Penal estatal. Dicha acción consiste en una homologación a la reforma que se hizo en la Cámara de Diputados, el pasado 23 de marzo de este año.
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¿Qué castiga la Ley Ingrid?
La Ley Ingrid castiga a servidores públicos que fotografíen, copien, filmen, audiograben, videograben, reproduzcan, difundan, entreguen, revelen, remitan, compartan, distribuyan, publiquen, transmitan, expongan, oferten, intercambien o comercialicen, imagen, audio, video, documento, información, indicio, evidencia u objeto alguno relacionado con una investigación penal, información reservada del lugar de los hechos, del hallazgo, indicios o evidencia de personas que hayan sufrido violencia física o sexual, de cadáveres o parte de ellos o de las circunstancias de la muerte.
Sanciones
La propuesta respeta las mismas sanciones planteadas en el Código federal, que son de 100 a 150 días de multa y de cuatro a 10 años de prisión para quien comenta los delitos antes mencionados; no obstante, la Ley Ingrid de Puebla propone que la pena aumente hasta en 50% cuando las víctimas sean mujeres, niñas, niños o adolescentes.
Es decir, la sanción quedaría entre ocho y hasta 20 años de cárcel, además de una multa de 19 mil 244 pesos a 28 mil 866 pesos. Estados como Colima, Ciudad de México y Oaxaca ya han homologado sus leyes.
Merino Escamilla recordó que está reforma se denomina como Ley Ingrid, en honor a Ingrid Escamilla Vargas. La joven víctima de feminicidio por parte de su pareja en febrero de 2020 en la alcaldía Gustavo Madero de la Ciudad de México.
Su cuerpo fue fotografiado como parte del peritaje y las imágenes explícitas fueron difundidas en las redes sociales y proporcionadas a los medios de comunicación, lo cual vulneró y revictimizó de manera grave a la víctima.
Refirió que ante la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales en marzo 2014 y de la Ley de Nacional de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, obligan a las en a realizar adecuaciones y homologar sus ordenamientos estatales para no entrar en controversia con ambos ordenamientos federales.
