Integrantes de la Red Plural de Mujeres lamentaron que la Fiscalía del Estado haya politizado el homicidio de Cecilia Monzón con la detención del priísta Javier N y se haya publicado una serie de cuestiones que violentó la vida íntima de la abogada activista.
En rueda de prensa, Socorro Quezada acompañada de Marina Cortés, lamentaron los datos proporcionados a los medios de comunicación sobre la relación sentimental que la activista tenía con su presunto feminicida, volcando el asesinato a un tema político.
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Refirió que de acuerdo al artículo 4 de la Ley General de Víctimas señala que:
“Toda autoridad de los órdenes de gobierno debe dar la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de las víctimas del delito y violación a los derechos humanos, seguridad, protección, bienestar físico, psicológico e intimidad de las víctimas”.
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Enfatizó que además de vulnerar el sigilo de las investigación con algunos datos y vincular el crimen con algo pasional, no hay credibilidad en la institución cuando es de las peores evaluadas en cuanto a eficiencia en el esclarecimiento de casos, de acuerdo con la organización Impunidad Cero.
“Le decimos a la Fiscalía que no le creemos, además de vulnerar el sigilo, la evaluación de Impunidad Cero nos dice que el grado de eficiencia del 100 es del 0.75%, es decir hoy se pusieron las pilas y decidieron dejar impune todos los demás”.
— Socorro Quezada, ex diputada local
Además, la exdiputada local, cuestionó las declaraciones del fiscal de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, quien comentó que Cecilia Monzón Pérez sí tenía medidas de protección, pero cuestionó en dónde estaban los policías que la resguardaban en el momento de su asesinato.
“Vean lo grave, cada cosa que dice el fiscal lo va hundiendo más en el lodazal, qué miedo, para qué pedir medidas de protección su los policías pudieron dar las coordenadas donde estaba, es increíble lo que ha salido a decir”, dijo.
Zavala contrató a sicarios: FGE
Este lunes, a través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado (FGE) resolvió que el excandidato a la gubernatura por el PRI, Javier López Zavala, presuntamente contrató a un sicario de Veracruz y a su sobrino para que asesinaran a la abogada el pasado 21 de mayo, quien lo había demandado para que cumpliera con la pensión alimentaria del hijo de ambos.
Informó que además de López Zavala, fueron detenidos Jair N., sobrino de éste y Santiago N., quien fue su secretario particular, por su participación en este feminicidio, mientras que aún sigue prófugo Silvestre N., quien disparó contra la abogada.
Gobiernos piden pena máxima
Por su parte, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta calificó este delito como un acto de “enorme maldad y perversión” y pidió la pena máxima para los culpables. Añadió que las historias del supuesto implicado “son tremendas”, pero se abstuvo de revelar más detalle.
En tanto, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez se sumó a cada una de las voces que exigen justicia por asesinato de la activista, al decir, “caiga quien caiga, sea quien sea, del tamaño y del peso que sea”.
