Puebla es el segundo estado del país en el que más se comete tortura en contra de las mujeres que se encuentran dentro de los penales y el sexto con la agravante de violencia sexual, reveló Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración a nivel federal.
De acuerdo con el Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometido contra Mujeres Privadas de Libertad en México, se tiene registro de denuncias por estos delitos desde 2006; no obstante, en la entidad se presentó la primera en 2012.
Los registros fueron por vejaciones cometidas durante el arresto y traslado, puesta a disposición ante el ministerio público, estancia en el centro de reclusión o la etapa de juicio.
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Durante 2013 y 2014 se presentaron tres denuncias en cada año; mientras que en 2015 fueron 24; para 2016 se registraban otras siete y en 2017 llegaron a ocho.
Fue en 2018 cuando se registró el mayor número de torturas, con 136 casos; después inició un descenso a 62 en 2019; 46 en 2020 y el año pasado se registraron 22.
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El Estado de México suma ocho mil 611 casos de tortura; seguido de Puebla, con 312; Hidalgo, 186; Quintana Roo, 154; Oaxaca, 127; Baja California, 115; Tabasco, 114; Tamaulipas, 113; Colima, 96; Aguascalientes 84, y Chihuahua, con 71 denuncias.
Hasta octubre de 2021 se tiene registro de 682 mujeres privadas de la libertad en los 15 centros penitenciarios mixtos del estado de Puebla.
En cuanto a la tortura sexual, el Estado de México registra 76 casos, a nivel federal suman 34, en Tlaxcala 27, en Jalisco 16, en Quintana Roo 14 y en Puebla ocho.
En todo el país, siete de cada 10 mujeres detenidas han sido víctimas de algún tipo de violencia, incluyendo la tortura sexual, en las diferentes etapas del proceso.
Las conductas de naturaleza sexual van desde:
- Desnudez forzada
- Burlas sobre su cuerpo
- Amenazas de violación o violación sexual
- Practicar sexo oral de manera forzada
- Tocamientos en senos, glúteos o genitales
- Introducción de objetos en cavidades
- Toques eléctricos en senos, glúteos, vagina, oídos, espalda, etc.
- Quemaduras con cigarrillos
- Empleo de frases estereotipadas
- Son violentadas enfrente de sus familiares e hijos e hijas para coaccionarlas a realizar prácticas de connotación sexual en contra de su voluntad.
Las autoridades señaladas:
- Ministerio público
- Policía de investigación
- Personal penitenciario
- Policía estatal
- Policía federal
Para este informe se realizaron mil 280 entrevistas a mujeres en 66 centros penitenciarios femeniles y mixtos, ubicados en 32 entidades federativas al interior de la República Mexicana.
El 15.23% del total de mujeres que refirieron tortura sexual se encontró que, de las investigaciones iniciadas, en el 3.07% de los casos se emitió sentencia a los juzgadores por el delito de tortura; mientras que en el 96.92% no ocurrió; es decir, las agresiones por estos delitos difícilmente se sancionan.
“(…) no existen mecanismos que faciliten denunciar ante la persona juzgadora tales sufrimientos, o cuando estas existen, no se les da un seguimiento puntual con adecuada documentación que ayude a la exclusión de pruebas”, refiere.
Testigos
“Quiero mencionar que fui brutalmente torturada para declararme culpable. Me quemaron con cables que tenían electricidad en mis senos, mi vagina, detrás de mis oídos, mi espalda”.
— Anónimo, presa.
Fui detenida el 24 de noviembre de 2010 por personas no identificables, más de 10 elementos varones y tres mujeres; una de ellas participó, presenció y videograbó los actos de tortura sexual”.
— Anónimo, presa.
“(…) me amenazaron con un arma, hasta amenazaron con matar a mi hijo, cuando llegamos a una casa ahí me violaron, hicieron lo que quisieron conmigo y en el ministerio público me obligaron a firmar una hoja con una declaración que yo no hice”.
— Anónimo, presa.
Cabe recordar que, el mandatario estatal, Miguel Barbosa Huerta prometió que el reclusorio de Ciudad Serdán sería reconvertido en un Centro de Rehabilitación para Mujeres, el primero de su tipo en el estado. Sin embargo, hasta la fecha no se han dado avances al respecto.
Además de su interés para que todas las mujeres privadas de la libertad sean reunidas en un solo reclusorio, también mencionó la ampliación del Cereso de San Miguel y la edificación de un nuevo penal en Puebla, proyecto que exige una inversión superior a los mil millones de pesos.
