A pesar de que en 2021, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, advirtió sobre una denuncia en contra del exmandatario Antonio Gali Fayad, por el supuesto desvío de 236.8 millones de pesos del Fondo Nacional para Desastres Naturales (Fonden), hasta ahora no hay evidencia de que se hayan presentado denuncias formales en Fiscalía.
Tras ser cuestionado por el tema, y en el marco del Día Nacional de Protección Civil, el titular del Ejecutivo estatal afirmó que sobre ese tema no hay personas detenidas, aunque sí “debe estar” una denuncia presentada ante la autoridad judicial.
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El mandatario estatal afirmó que es “un asunto muy complejo rescatar los actos de corrupción de un gobierno”, pero sin dar más detalles, aseguró que se han presentado “muchísimas” denuncias ante el ministerio público federal sobre actos ilícitos cometidos en gobiernos pasados.
Barbosa Huerta añadió que la principal acción de obras fantasma era sobre la limpieza de ríos y barrancas, entre estas el saneamiento del Río Atoyac, que autoridades informaron que se hicieron, pero no se pudieron corroborar.
En agosto del año pasado, el gobernador reveló que la administración que encabezó Tony Gali pagó 18.3 millones de dólares en abril del 2017 por un seguro contra desastres naturales, a fin de obtener hasta 30 millones de dólares para atención de daños que se pudieran presentar por algún fenómeno natural.
No obstante, después del sismo del 19S, Gali Fayad solicitó los recursos para la reparación de daños que hubo en diferentes municipios de Puebla, pero por el deducible al final entregaron 12.6 millones de dólares, es decir, 236.8 millones de pesos, entregados hasta febrero de 2018.
Pero, Miguel Barbosa señaló que dicha cantidad se gastó en un servicios de desasolve, colocación y conservación de redes hidráulicas; otra parte fue para comprar elementos de papelería, limpieza y utensilios para alimentos en la SEP; entre otros gastos que no estaban relacionados con la reconstrucción después del sismo.
Sin embargo, a cinco años del terremoto, no hay algún funcionario que rinda cuentas por la presunta malversación de recursos, ni posibles investigaciones o detenciones de exfuncionarios que estuvieron involucrados en la reconstrucción del 19S.
En Puebla, por lo menos 20 funcionarios de primer nivel en 12 dependencias estatales y federales tuvieron acceso a los fondos de la reconstrucción desde 2017, entre estos los de secretarías de Salud y de Educación estatal y federal, Cultura; las entonces secretarías de Desarrollo Social estatal (Sedeso) y Sedatu; el Infonavit y el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee).
