Puebla

Jueces y magistrados corruptos tienen sus días contados en Puebla

El gobernador de Puebla aseguró que la propuesta busca mejorar el sistema de justicia y terminar con los casos de tráfico de influencias

Foto: Agencia Enfoque
Ciudad Judicial Puebla El Poder Judicial del Estado de Puebla hoy recibe cerca de 980 millones de pesos, reveló el gobernador Miguel Barbosa.

La reforma al Poder Judicial enviada al Congreso de Puebla, por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, plantea que los jueces y magistrados que cometan actos de corrupción podrán ser destituidos por el Poder Legislativo, a solicitud ciudadana.

En conferencia de prensa, el mandatario poblano explicó que esta iniciativa busca, entre otros puntos, mejorar el sistema de justicia en el estado, garantizar su aplicación y evitar conflictos de intereses y nepotismo.

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En ese sentido, aseguró que los magistrados permanecerán en el cargo por el tiempo que fueron electos en la ley aplicable en su momento, pese a que se apruebe la reforma.

Agregó que se proponen mecanismos para determinar la evaluación y el desempeño de los integrantes del Poder Judicial, y en su caso promover la destitución de magistrados, como servidores públicos que son y tal como existe ya a nivel federal, en caso de omitir o faltar a alguna función.

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“Tanto el Ejecutivo como los diputados tienen mecanismos y pueden perder el cargo si omiten una función, así debe ser en el Poder judicial, y una vez que termine el diseño de las leyes secundarias, hay que cumplir con el nuevo marco legal”.

—  Miguel Barbosa, gobernador de Puebla.

Propuestas de reforma:

  • Remoción de magistrados y consejeros de la Judicatura por parte del Congreso si incurren en denegación de la justicia, por incumplir de forma dolosa a los supuestos de impedimento judicial o violar las reglas de conflicto de interés.

La solicitud para ello podrá ser presentada por cualquier ciudadano y tendrá que ser por las dos terceras parte de los presentes en el pleno, tal y como se hace con su designación.

  • Creación de una Sala Constitucional para resolver las acciones de inconstitucionalidad y estará integrada por cinco magistrados, quienes nombrarán a su presidente por un periodo de cuatro años, sin posibilidad de reelección.
  • Para evitar algún acto de corrupción, abuso o tráfico de influencias, los magistrados, consejeros de Judicatura y jueces, tendrán prohibido reunirse “con las partes o sus representantes o apoderados fuera de los recintos o diligencias judiciales”.
  • Se creará la Escuela Estatal de Formación Judicial, que dependerá del Consejo de la Judicatura, con el objeto de formar, capacitar, evaluar, supervisar y certificar a los órganos jurisdiccionales municipales encargados de administrarla.

Aumentan recursos para el tribunal 47%

Barbosa Huerta adelantó que habrá un aumento considerable en el presupuesto del Poder Judicial para 2023, debido a todas las dependencias que se van a integrar con la reforma.

Resaltó que al asumir el gobierno, este poder recibía poco más de 500 millones de pesos y hoy recibe unos 980 millones de pesos, lo que implica un aumento cercano al 47% al 2019.

Presidente de Congreso avala propuesta

En sesión ordinaria del Congreso local, se dio cuenta y turnó un paquete de iniciativas remitido por el gobernador, que incluye la propuesta de terna para el nombramiento de las personas propietarias y suplentes de dos magistraturas vacantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

También se turnaron, a las Comisiones Unidas de Gobernación para su análisis correspondiente, las reformas a la Constitución Política respecto al Poder Judicial, así como reformas a diversas disposiciones en materia de notariado, entre otras.

En tanto, el presidente del Congreso local, Sergio Salomón Céspedes, consideró que la reforma al Poder Judicial podría ser la más importante de la actual Legislatura, pues pondría a Puebla a la vanguardia en la lucha contra la desigualdad y la transparencia en materia judicial.

Cabe recordar que, en 2021 quedaron dos espacios vacantes en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), primero por el fallecimiento de Enrique Flores Ramos, en febrero de ese año; y por la renuncia como titular de Jorge Benito Cruz Bermúdez, el 9 de marzo, luego de ser investigado por desvío de recursos cuando era titular del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee).

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