Activistas lograron, a través de un amparo, exhortar al Congreso de Puebla para eliminar la prohibición del aborto consentido o voluntario en la legislación, así como sancionar a quienes brindan apoyo a quien decide interrumpir su embarazo.
Las asociaciones, Grupo de Información en Reproducción Asistida (GIRE), el Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (Cafis) y el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos AC. (Odesyr) presentaron en enero de este año un recurso para eliminar el delito de aborto autoprocurado y consentido en varios estados de la República, con base en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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La sentencia del pasado 7 de septiembre de 2021 estableció que las normas penales de las entidades federativas que criminalizan el aborto de manera absoluta son inconstitucionales, en consecuencia se debe garantizar a las mujeres y personas gestantes su derecho a decidir sin enfrentar consecuencias penales.
Por tanto, el pasado 14 de octubre, un Juez de Distrito señaló que:
- Los artículos del Código Penal del Estado de Puebla que regulan el aborto autoprocurado y consentido son violatorios de derechos humanos como al libre desarrollo de la personalidad, autonomía reproductiva, salud, igualdad y no discriminación, y no sufrir violencia.
- Es inconstitucional la prohibición del aborto consentido, así como la sanción al personal que brinde apoyo a la mujer o persona con capacidad para gestar siempre que medie consentimiento.
- Aunque la Constitución local reconoce que la vida debe ser protegida desde la concepción, no debe utilizarse el derecho penal para sancionar a quien decide interrumpir su embarazo.
Es decir, se concedió el amparo para que a ninguna mujer o persona gestante, ni a ningún personal médico, que reciba asesoría, asistencia o defensa de parte de GIRE, Cafis y Odesyr se le criminalice por abortar o ayudar a que alguien aborte.
Las organizaciones que impulsaron esta estrategia jurídica reiteraron el llamado al Congreso de Puebla para reformar su legislación y que las autoridades de salud garanticen los servicios de aborto para todas las mujeres y personas con capacidad de gestar.
También confían en que los estados, cuya legislación limita el ejercicio del derecho a decidir abortar, tomen como base los criterios de la SCJN y los de la sentencia del estado de Puebla.
Hasta ahora se han presentado amparos contra los códigos penales de Puebla, Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Morelos, San Luis Potosí, Sonora, Jalisco, Querétaro y en contra del Código Penal Federal.
Diputadas reconocen avance
Al respecto, la diputada Mónica Silva Ruiz consideró este logro como “un gran día” para los derechos sexuales y reproductivos en Puebla, y dijo que este amparo orilla cada vez más a los legisladores a aprobar ya el aborto legal para las mujeres poblanas.
En tanto, la diputada del PT, Nora Merino Escamilla, consideró que no puede pasar otro periodo legislativo, es decir, llegar a marzo sin que se tenga en el Pleno la votación para la despenalización del aborto, por lo consideró que “ya es tiempo” de acatar las resoluciones para despenalizar el aborto.
