En Puebla, cada vez más las mujeres van ocupando cargos importantes y claves en la toma de decisiones en la entidad. Con el recién nombramiento de la presidenta del Instituto Electoral del Estado (IEE) suman cinco mujeres que han ocupado las presidencias de distintos cargos en el ámbito de gobierno y administrativo.
Las otras designaciones han sido en el Tribunal Superior de Justicia, en la Auditoría Superior del Estado, en el Tribunal Electoral del Estado, así como en el Tribunal de Justicia Administrativa.
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Nueva presidenta del IEE
La designación más reciente se dio el 3 de noviembre, cuando Blanca Yassahara Cruz Garía rindió protesta nueva consejera presidenta del IEE para el periodo 2022-2029, en sustitución de Miguel Ángel García Onofre, siendo la primera mujer que ocupará el cargo por siete años.
Durante su primer mensaje se comprometió a fortalecer el organismo, recuperar la confianza de los ciudadanos y garantizar elecciones limpias en 2024, cuando se renueva la gubernatura, los 217 presidencias municipales, las 41 diputaciones, así como las diputaciones federales y senaduría.
Primera mujer en presidir el TSJ
Margarita Gayosso Ponce asumió la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) el pasado 27 de octubre, luego de que Héctor Sánchez presentó su renuncia al cargo a tres semanas que entrara en vigor la reforma constitucional al Poder Judicial que propuso el gobernador Miguel Barbosa Huerta para hacer una limpia de jueces y magistrados corruptos.
Margarita Gayosso Ponce es magistrada Propietaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Abogada, notaria y actuaria egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP.
Una mujer más en el Poder Judicial
María de Lourdes Dib y Álvarez es magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, área dependiente del Poder Judicial, desde 2017, a pesar de las reformas, el gobernador aseguró que los magistrados no serían removidos de sus cargos.
Esta mujer se ha desempeñado en la docencia y en la función pública. Fue regidora en el municipio de Puebla de 2011 a 2013.
Por su competencia es integrante del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.
Maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, con mención honorifica. Licenciada en Derecho con especialidad en Derecho Fiscal por la Universidad de las Américas Puebla con reconocimiento como el mejor promedio acumulado de la primera generación de Derecho.
Auditoría encabezada por una mujer
Amanda Gómez Nava también es la primera en encabezar la Auditoría Superior del Estado (ASE), quien llegó al cargo el pasado 19 de mayo para presidir durante siete años. Ella fue designada por el Congreso de Puebla luego de que el exauditor, Francisco Romero Serrano fue encarcelado por violencia intrafamiliar y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Antes de asumir el cargo, era secretaria de la Función Pública en el gobierno de Miguel Barbosa Huerta y una semana después asumir el cargo reordenó la estructura del organismo fiscalizador en el estado.
Suman dos presidentas en el TEEP
Mientras, Norma Angélica Sandoval es magistrada presidenta en el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), quien está por cumplir dos años en el cargo, pues llegó en diciembre de 2020, convirtiéndose en la segunda mujer en ocupar esta posición.
Ella llegó también porque su antecesor, Gerardo Saravia Rivera concluyó su periodo de siete años en medio de acusaciones por irregularidades en su gestión.
¿Paridad de género, desde cuándo?
En julio de 2020, el Congreso local aprobó reformas a la Constitución del Estado para establecer el principio de paridad de género dentro de la función pública en la integración de los poderes del estado.
Se aprobaron reformas a la Ley para conceptualizar y establecer los actos y omisiones que constituyen la violencia política en razón de género, así como reformas Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, en materia de violencia política y paridad de género.
También se establecieron reglas jurisdiccionales para la sanción de la violencia política, así como la regulación de las medidas cautelares y de reparación integral.
