En el Congreso de Puebla se buscan aumentar las sanciones por violencia en el noviazgo, así como por los ataques de ácido en contra de mujeres, iniciativas que siguen pendientes desde 2022.
De acuerdo con la propuesta de la diputada del PT, Mónica Silva Ruiz, plantea equiparar la violencia en el noviazgo, con el delito de violencia familiar por el que actualmente se aplican penas de dos a ocho años de prisión y multa de cincuenta a 200 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que equivaldría a cinco mil 187 a 20 mil 748 pesos.
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Además, el infractor estará sujeto a un tratamiento integral para su rehabilitación por un tiempo que no rebase la sanción privativa de la libertad que se haya impuesto, así como la pérdida de la patria potestad, de los derechos hereditarios y de alimentos.
En tanto, la diputada del PAN, Mónica Rodríguez Della Vecchia, plantea que la reforma se haga al artículo 11 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para equiparar la violencia familiar con aquella que ocurre en el noviazgo, concubinato y las relaciones entre hijos.
Violencia ácida como tentativa de feminicidio
Puebla es uno de los 25 estados del país donde los ataques con ácido aún no son reconocidos como un delito penal y, por ello, no existen sanciones específicas que puedan aplicarse contra los agresores. Solo en Baja California Sur, Oaxaca, Aguascalientes, San Luis Potosí, Hidalgo, Ciudad de México y el Estado de México se ha legislado al respecto.
En la actual Legislatura del Congreso del Estado se han presentado cuatro iniciativas para reconocer y sancionar la Violencia Ácida en el Código Penal; la primera fue presentada por el diputado local del PRI, Néstor Camarillo Medina quien propuso castigar los ataques con ácido en Puebla con hasta 21 años de cárcel y multas que alcancen los 112 mil 256 pesos.
Las legisladoras Aurora Sierra Rodríguez y Tonantzin Fernández Díaz, también han presentado iniciativas para tipificar la violencia ácida como tentativa de feminicidio, que establece hasta 40 años de cárcel, ya que actualmente solo se castiga como lesiones.
A manera de prevención, también se pide regular la venta de productos corrosivos en la entidad, pero estas propuestas, así como las que se recogieron de víctimas en los foros realizados a finales del 2022, tendrán que se homologadas y presentadas al Pleno antes que cierre el Periodo Ordinario, el próximo 15 de febrero.
