El municipio de Puebla se ubica como la tercera ciudad con mayor número de asentamientos irregulares a nivel nacional, con 160 identificados principalmente en la zona de Valsequillo y San Francisco Totimehuacán, informó la regidora María de Dolores Cervantes Moctezuma.
La también presidenta de la Comisión de Regularización de la Tenencia de la Tierra y Bienes Patrimoniales, comentó que hasta hace unos años había más registro al norte y periferia de la ciudad en los límites con Tlaxcala, pero tras un estudio del Implan se pudo detectar un mayor número de asentamientos humanos irregulares en la zona de Valsequillo y San Francisco Totimehuacán.
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Indicó que al iniciar la actual administración municipal se encontraron 145 registros; no obstante, al pasar del tiempo estos aumentaron a 160, y de estos se han reconocido seis asentamientos y se espera regularizar 20 más.
Necesidad y baja economía vulnera a familias
Cervantes Moctezuma mencionó que la gente se asienta en lugares peligrosos por necesidad, falta de solvencia económica o un trabajo formal para adquirir un crédito; pero, también porque se dejan engañar por “vivales” quienes venden los predios sin contar con un documento que les dé certeza jurídica.
Por ello, agregó que el Ayuntamiento de Puebla ha iniciado una campaña para advertir de los riesgos al adquirir un predio en un asentamiento irregular, pero dejó claro que no son autoridad judicial para andar persiguiendo a las personas.
Explicó que para regularizar un predio no se debe estar en zona de riesgo, se debe tener consolidación del 50 más 1 de habitantes y se inicia el proceso a través del reconocimiento de colonias para poder brindarles servicios públicos.
Las colonias que han sido reconocidas son: Ampliación Santa Margarita Segunda Sección, Ampliación La Mora, La Veracruz, Ampliación 16 de septiembre, Santa Lucía y Ampliación Santa Catarina Segunda Sección.
Recordó que la ley prohíbe la construcción de cualquier tipo de asentamiento en zonas de riesgo, incluso el Congreso de Puebla aprobó una pena de hasta 15 años contra los funcionarios que permitan o sean omisos por estas edificaciones.
