El gobierno de Puebla pagó dos mil 600 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por una falta de pago a un despacho de asesores fiscales en el año 2015, cuando era gobernador Rafael Moreno Valle Rosas; pese a esto se descartó adquirir una deuda para cumplir con los compromisos y proyectos en lo que resta de la administración.
En rueda de prensa, la titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas de Puebla, Teresa Castro Corro explicó que en 2015, la administración de Moreno Valle contrató a un despacho en asesoría fiscal que recomendó gestionar ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) la devolución de impuestos correspondientes a los ejercicios fiscales de 2009 y 2010.
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A finales de 2015, el SAT devolvió una parte de esos recursos y en los primeros meses de 2016 regresó otra parte; la suma de ambas devoluciones alcanzó los 702 millones de pesos.
Al siguiente año se pagó un bono al despacho de abogados por caso de éxito de un porcentaje sobre esos 702 millones de pesos, el cual no detalló.
En 2018, ya en la gestión de Antonio Gali Fayad, el SAT determinó que la devolución fue incorrecta porque se sustentó en una disposición retroactiva de 2008, año en el que el gobierno de Puebla no estaba adherido a las disposiciones fiscales, algo que hizo hasta 2011.
Litigio costó de 20 a 30 millones mensuales
Castro Corro indicó que el gobierno tenía dos opciones, pagar o litigar; pero la administración decidió litigarlo, y empezó un proceso que se resolvió este 2023, por lo que de un adeudo de 700 millones, terminó en dos mil 700, ya que estaban erogándose mensualmente entre 20 y 30 millones de pesos por el litigio
Pero al acordar terminar con el proceso y pagarlo, el SAT aplicó una disminución de 100 millones de pesos, lo cual, admitió, genera presión de gasto, “pero es un acto responsable que nos lleva a tener austeridad en las acciones”.
Van contra exfuncionarios responsables
A su vez, el gobernador Sergio Céspedes Peregrina indicó que ya se iniciaron las acciones para determinar la responsabilidad administrativa y penal de los exfuncionarios involucrados en este acto.
En tanto, dijo que seguirán buscando más recursos federales para continuar con los compromisos y proyectos en lo que resta de la administración, pues descartó adquirir algún tipo de deuda.
