El gobierno de Puebla justificó el sobreprecio en la adquisición del terreno para la nueva sede del Congreso de Puebla por 86 millones de pesos, al señalar que la compra del metro cuadrado fue a mitad de lo que puede costar en una zona de monumentos.
En conferencia de prensa, Ernesto Vargas Melchor, director general del Banco Estatal de Tierra, refirió que se pagó el predio con un valor de siete mil 269.33 pesos por metro cuadrado, precio menor al promedio de la zona de monumentos, que llega a ser de hasta 14 mil 588 pesos.
No dejes pasar: Falta de Ley Inmobiliaria provoca fraudes en compra de vivienda
De esta forma, la operación total fue de 86 millones 552 mil 156 pesos, por la propiedad de 11 mil 906 metros cuadrados, ubicada en la calle 32 Oriente 202, en la colonia Mártires del Trabajo, avalúo hecho por el Instituto Registral y Catastral del Estado conforme al precio comercial actual.
Agregó que la plusvalía incrementó debido a las inversiones pública y privadas realizadas en la zona de Los Fuertes.
Y es que cuando el gobernador Sergio Cépedes Peregrina anunció la construcción de esta nueva sede parlamentaria, ante la presencia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, refirió que la inversión para este proyecto sería de 700 millones de pesos.
Luego, una investigación periodística reveló que el terreno era propiedad de una empresa, en la que aparece como accionista la madre del diputado local de PRI Jorge Estefan Chidiac, y que se había comprado por nueve millones de pesos hace 14 años.
Ernesto Vargas agregó que la compra se hizo ya que el predio cuenta con conexión inmediata a todos los servicios como agua potable, drenaje y alcantarillado, energía eléctrica e infraestructura, entre otros, así como acceso a vialidades principales como es la Calzada Ignacio Zaragoza.
A su vez, el gobernador de Puebla, Sergio Céspedes Peregrina aclaró que pidió esta información tras la polémica que generó la compra del terreno para la nueva parlamentaria que fue autorizada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta.
Sostuvo que la administración estatal realizó compra fue apegada a reglamento y conforme a derecho.
