Puebla puede ser pionera en castigar hasta con siete años de prisión la ciberviolencia política al reconocer la figura del “sicariato digital”, iniciativa que además abonaría a la participación de las mujeres de cara al 2024.
En entrevista con Publimetro, Edurne Ochoa Ledesma, integrante de la organización 33 Mujeres, explicó que la actual Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no blinda la seguridad cibernética para las mujeres.
Pues aunque el Código Penal ya considera la violencia mediática (que promueve estereotipos sexistas, apología de la violencia, reproducir discursos de odio, entre otros), y ya han sido aprobadas iniciativas como la Ley Olimpia, solamente se queda en la difusión de contenido íntimo sin consentimiento.
La consultora en comunicación política y feminista dijo que se busca ampliar las acciones de violencia de género que se realizan en el ámbito digital en contra de todas las mujeres, sin importar si es ama de casa, académica, política, periodista, o estudiante.
“México se ha vuelto un paraíso para malware, dentro de estas propias leyes no viene la figura del espionaje, de la sustracción, de seguimiento, no viene la compra-venta de imágenes, textos, mensajes o de cualquier contenido dentro de los dispositivos”, dijo.
Apuntó que está impulsando esta propuesta desde el Congreso de Puebla, con el apoyo de las diputadas Nora Escamilla y Guadalupe Leal, debido a que lleva dos años siendo víctima de este tipo de agresiones y aunque ha denunciado tres veces ante la Fiscalía General del Estado no ha procedido porque no están reguladas.
Castigo a “sicarios digitales”
Ochoa Ledesma resaltó que se busca incluir el concepto de “sicariato digital”, pues detrás de quienes violentan, hay alguien con nombre y apellido que “está jalando el gatillo” en el espacio digital para ejercer este tipo de violencia.
Detalló que la iniciativa consiste en que cualquier acto que vulnere, hackeé, violente, amenace, distribuya, compra o venda, espíe o dé seguimiento a través de las tecnologías de la información debe ser sancionado con protocolos claros de actuación, a través de Fiscalía, Ciberpolicía y de Seguridad Pública.
“Debe de haber sí o si una coordinación inmediata, para que en un día se sepa de qué servidor, qué DNS, qué IP, a nombre de quién, están saliendo ataques contra las mujeres y si se meten contra las infancias las penas son mayores”, explicó.
— Edurne Ochoa, consultora en comunicación política
Agregó que este paquete de iniciativas, además podrá blindar la participación de las mujeres de cara a las elecciones de 2024, pues como ejemplo está la serie de ataques contra candidatas en pasados procesos.
“Ya basta de impunidad, de sicarios digitales que están cobrando millones, monetizan la misoginia para desplazar a las mujeres del espacio público”, señaló.
Finalmente, comentó que Puebla puede ser pionera y abrir brecha para los derechos político-electorales para las mujeres, para que con una denuncia y a través de una orden judicial se baje y borre todo el material ofensivo para que no sea “una violencia dormida”.
