El gobierno de Puebla buscará sanciones por el cierre de carreteras y, en su caso, se procederá al desalojo a fin de no afectar a los demás ciudadanos en su derecho al libre tránsito, dijo el gobernador Sergio Céspedes Peregrina.
En rueda de prensa, el mandatario dejó claro que su administración no actuará bajo presiones y espera que esté presente la Comisión de Derechos Humanos, estatal y nacional, para que, si es requerido, se pueda actuar y desalojar a los manifestantes.
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Asimismo, hizo un llamado a la prudencia, compromiso y responsabilidad, así como a las autoridades competentes presentar las denuncias correspondientes contra quien resulte responsable, pues dejó claro que el cierre de vías de comunicación es una acción que está penalizada.
“A todos los ciudadanos, que nadie se deje llevar por el que avienta el cerillo porque luego ya no se puede apagar el monto de paja (…) No podemos generar impunidad, porque lo que va a suceder es que cuando nos coordinemos con la autoridad federal vamos a tener que desalojar, esperemos la comprensión de la ciudadanía”, expresó.
Esto, luego de que la madrugada de este sábado, habitantes de San Miguel Tianguistenco desbloquearon la autopista México-Puebla, que tomaron durante casi 10 horas para exigir la liberación de presuntos involucrados en un linchamiento.
Céspedes Peregrina reiteró que su gobierno estuvo presente en esta autopista de carácter federal, y confirmó que la condición para esto era liberar a los presuntos responsables del linchamiento, por lo que tendrán una reunión con autoridades federales para deslindar responsabilidades.
A finales de 2021, el Congreso de la Unión y el Senado aprobaron reformas a la Ley de Vías Generales de Comunicación para castigar el bloqueo de carreteras, esto al imponer siete años de prisión y hasta 500 veces la Unidad de Medida de Actualización (UMA), equivalente en 2023 a 51 mil 870 pesos.
