Exalcaldes y exfuncionarios del gobierno de Miguel Barbosa Huerta dejaron la cárcel en un año o menos, pese a que durante la administración del exmandatario fueron detenidos por diversos actos de corrupción; algunos siguen presos pero han sido trasladados a otros penales.
El primero en caer fue Guillermo Aréchiga Santamaría, extitular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) quien fue detenido en marzo de 2022 por presuntos actos de corrupción cometidos en la dependencia, principalmente en la entrega de concesiones a transportistas.
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Un año después, el exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) quedó libre luego de que un juez de control aceptó retirar la prisión preventiva oficiosa en su contra y a cambio tendría que firmar periódicamente, residir en un lugar, no salir del país, entre otros.
Su salida se dio también tras una reunión que el ahora gobernador, Sergio Céspedes Peregrina, tuvo con el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, para tratar sobre el caso.
Otro funcionario del barbosismo que fue encarcelado fue Rodolfo Chávez Escudero, el exdirector de Carreteras de Cuota Puebla, quien fue detenido el enero de 2023 y posteriormente vinculado proceso por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, durante su desempeño en la dependencia.
Chávez Escudero través de sus abogados consiguió una audiencia de revisión de medidas cautelares y la jueza de la causa decidió modificar la medida cautelar de prisión preventiva que la había sido impuesta.
Su nueva condición contempla que debe acudir a firmar periódicamente en el centro de justicia penal y cubrir una garantía de 38 mil pesos en lo que dura el proceso en su contra.
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Alcaldes también usan estrategias legales
Alejandro Martínez Fuentes fue detenido el 27 de septiembre de 2021 en la comunidad de Palmarito Tochapan, Quecholac.
Al ex presidente municipal de Quecholac, y hermano del presunto líder huachicolero Antonio Martínez “El Toñín”, se le había imputado el delito de ejercicio indebido de funciones, pero su defensa interpuso un juicio de amparo para conseguir su libertad y fue liberado del penal de Tepexi en abril de este año.
Lo mismo ocurrió con Inés Saturnino López, el exalcalde de Tecamachalco, quien fue puesto en libertad el 18 de mayo, tras permanecer en el penal de San Miguel desde noviembre de 2022.
La principal acción que las autoridades adjudicaron a López Ponce fue evitar la detención de “El Toñín”, líder huachicolero; aunque el proceso penal continúa logró seguirlo en libertad mediante otras medidas como la firma periódica ante las autoridades.
Otro caso fue el del expresidente municipal de Ciudad Serdán, Juan Navarro Rodríguez, detenido en noviembre del 2022, señalado por el delito de ejercicio indebido de la función pública supuestamente por daño patrimonial de aproximadamente 22 millones.
Pero un juez determinó el cambio de medidas cautelares y fue puesto en libertad el pasado 7 de abril con la condición de firmar periódicamente, no acercarse a las víctimas y no salir del país.
El exregidor panista Sergio Quiroz Corona abandonó el Cereso de San Pedro Cholula en mayo de 2022 en donde permanecía por el delito de despojo, pero sus abogados consiguieron un cambio de medida cautelar en marzo de 2023 para que pase su proceso fuera de la cárcel.
Un caso de gobierno pasados fue el del exmagistrado Alfonso Siriako Guillén Almaguer, colaborador de Antonio Gali Fayad, también obtuvo su libertad en mayo de 2021, luego de permanecer casi dos años en la cárcel
El último fue Víctor Hugo Islas, el político violentador de la actual diputada local, Aurora Sierra, quien obtuvo prisión preventiva por el delito de violencia familiar en octubre de 2021, pero el 1 de junio le fue suspendida esta medida cautelar.
Es decir, podrá seguir en libertad el proceso penal en su contra y deberá cumplir con otras medidas como una firma periódica para demostrar que permanece en el estado.
Los que aún no libran la cárcel
Solo quedan alguno exfuncionarios y políticos que fueron encarcelados en la administración de Miguel Barbosa que siguen en prisión, siendo el de mayor tiempo el exalcalde de Tehuacán, Felipe Patjane Martínez, quien en noviembre de 2022 fue sentenciado a seis años en prisión por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
También el exdiputado federal del PAN, Eukid Castañon Herrera, quien a inicios de junio fue trasladado al penal de San Miguel, luego de un año y cinco meses en el Cefereso de Durando, donde denunció presuntos actos de tortura.
Otro es el exauditor Francisco Romero Serrano detenido en marzo de 2022 por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y Arturo Rueda, director de Diario Cambio, detenido el 21 de mayo e ingresado al Cereso de San Pedro de Cholula, pero ahora permanece en el penal de Tepexi de Rodríguez enfrentando diversos cargos, entre ellos defraudación fiscal.