La Secretaría de Trabajo en Puebla ofrece de 10 a 20 asesorías jurídicas al mes, principalmente por despido injustificado, falta de liquidación y pago de utilidades, indicó el titular Gabriel Biestro Medinilla, quién además reconoció que ha sido un problema agilizar el rezago de las demandas laborales.
En entrevista con Publimetro, recordó que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) estaba sobre los 36 mil expedientes, con una meta anual de dos mil resoluciones, pero reconoció que esa cifra no es suficiente para alcanzar las metas, por lo que aseguró que con la nueva presidenta Andrea Priede Iglesias “habrá un gran salto”.
Ver también: Nuevos tribunales laborales inician operaciones; no atenderán demandas rezagadas
Comentó que el plan original era terminar con el rezago para 2024, pero admitió que esto es imposible; no obstante dijo que el plazo que se había mencionado de ocho a nueve años tampoco debe ser.
“Tenemos un problema en el combate al rezago, por eso hubo cambios, se aceptaron renuncias, en fin, creo que para este año vamos a dar un buen salto, quien hoy se encuentra presidiendo la Junta de Conciliación y Arbitraje es una mujer muy preparada y honesta”, expresó.
Biestro Medinilla auguró que con la nueva gestión se busca avanzar al triple de lo que se venía trabajando, pero tendrán una reunión de Consejo laboral, con representantes de trabajadores, empresarios y se dará una nueva cifra.
Finalmente comentó que la Secretaría de Trabajo se encarga de dar asesorías jurídicas para saber a qué instancia recurrir, dependiendo de su asunto, por lo que aproximadamente brindan de 10 a 20 al mes, varias de estas llegan a través de los Martes Ciudadanos.
“Generalmente son por la liquidación que no les entregan, despidos injustificados y también por el reparto de utilidades también nos han preguntado muchos”, acotó.
De acuerdo a la Reforma Laboral, todos los conflictos en esta materia ahora son atendidos a través del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla, por lo que la JLCA está concentrada en la resolución de los litigios previos al 2019.
En su momento, Andrea Priede informó que a través de la revisión de expedientes se pretendía eliminar de manera preliminar el 30% de los procesos que están en situación de abandono, por falta de seguimiento de los interesados y que son susceptibles de depuración.
