Puebla

Cárcel para funcionarios por boquete financiero, exigen PAN y PRI

Los dirigentes estatales exigieron a la Secretaría de la Función Pública y la Auditoria Superior del Estado "llegar a las últimas consecuencias"

Los dirigentes del PAN y PRI, Augusta Diaz de Rivera Hernández y Néstor Camarillo Medina, respectivamente, exigieron que la Secretaría de la Función Pública, así como la Auditoría Superior del Estado (ASE) investiguen a fondo el quebranto por 722.3 millones de pesos a las finanzas públicas de Puebla.

En entrevista, la líder del albiazul dijo que este caso no debe quedar impune, tal como ocurrió con el hoyo financiero por el mal manejo de recursos en la Secretaría de Planeación y Finanzas, cuando Teresa Castro Corro aún era titular.

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Augusta Díaz Insistió que todos los responsables de cualquier desfalco en los gobiernos de la 4T del estado deben ser sancionados.

Además, apoyó que los legisladores del PAN en el Congreso del Estado consideren llamar a comparecer a la titular de la ASE, Amanda Gómez Nava.

Líder del PRI en Puebla pide cárcel para responsables


Mientras, Néstor Camarillo, dirigente del PRI, también se sumó al llamado de llegar “a las últimas consecuencias” y meter “a las rejas” a los responsables del desfalco financiero en las arcas estatales.

Confió en que las autoridades estatales encargadas de investigar la desaparición de los más de 700 millones de pesos puedan hacer su trabajo y den con los responsables.

Respecto a la extitular de Finanzas, Teresa Castro, señaló que “mintió a los poblanos” y aunque ya no esté en la titularidad, consideró conveniente llamarla a comparecer; mientras que la titular de la ASE y de la Función Pública deberán ser responsables, así como su equipo de trabajo en la revisión de estos recursos.

El pasado 27 de julio, la nueva secretaria de Finanzas de Puebla, Josefina Morales Guerrero detectó un adeudo fiscal de 722.3 millones de pesos que se generó entre 2019 y 2020, durante la administración del fallecido Miguel Barbosa Huerta.

La deuda con el SAT se deriva de una diferencia en el cálculo del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en sueldos y salarios de dos años, por lo que el gobernador Sergio Salomón Céspedes instruyó cumplir con el pago de la deuda lo antes posible.


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