La Ibero Puebla impulsa la Ley de Declaración Especial de Ausencia que busca proteger los derechos humanos e integridad de las víctimas de desaparición y sus familiares, tales como el derecho a la salud, conservación de patria potestad, entre otros.
En agosto de 2023, la universidad, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE), la Clínica Jurídica Minerva Calderón, el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática se unieron al colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla y la diputada Mónica Silva Ruiz para trabajar esta iniciativa, la cual fue ya fue presentada ante el Pleno.
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En rueda de prensa, Daniela Jiménez Cortés, responsable de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en la Clínica, destacó los efectos que puede tener la aprobación de esta ley es garantizar el acceso a la seguridad social, como fue el caso de María Eugenia Rojas.
Cuando su hija Fabiola Narváez Rojas desapareció el 13 de enero de 2021, tuvo que ocuparse de las tareas de cuidado de su nieta, quien actualmente tiene 9 años.
Al ser derechohabiente, buscó afiliar a su nieta para darle seguridad social y garantizar su derecho a la salud. Sin embargo, la institución les negó este derecho con el argumento de que solamente los padres podían afiliar a los hijos.
Daniela Jiménez, explicó que se tuvo que interponer una demanda de amparo para asegurar la afiliación al seguro social de la menor a través de su abuela, y luego de esto una juez federal ordenó al Congreso del estado de Puebla legislar en materia de declaración especial de ausencia.
Sin embargo, destacó que con la ley de declaración de ausencia también se puede garantizar la conservación de la patria potestad que tiene la persona desaparecida sobre sus hijos, fijar derecho de guarda y custodia, proteger el patrimonio de la persona ausente, así como justificar la falta de pago de créditos en Infonavit u entidades bancarias.
Suspender actos judiciales, mercantiles, civiles o fiscales o declarar la suspensión temporal de responsabilidades tiene a su cargo; proteger derechos de sus familias, así como el tema de divorcio cuando hay un tema económico.
Alexia Martínez Montalban, responsable del Observatorio de Desaparición de Personas del IDHIE, contextualizó que 17 entidades ya cuentan con este mecanismo, entre estos Baja California, Estado de México, Querétaro y Jalisco, entre otros.
Recordó que esta ley es prioridad en en un país que tiene a más de 112 mil personas desaparecidas, que siguen siendo buscadas por sus familias, y en Puebla existen dos mil 800 personas no localizadas, de acuerdo a registros de la Secretaría de Gobernación federal.
