El Gobierno de Puebla se enfrenta a un plazo de 30 días para responder a las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), relacionadas con un posible daño patrimonial durante la gestión de Miguel Barbosa.
Juan Carlos Moreno Valle, titular de la Secretaría de la Función Pública estatal, informó que actualmente se encuentran en proceso de solventación de estas observaciones.
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Destacó que, hasta el momento, estas observaciones no son definitivas, ya que la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación otorga un período de 30 días hábiles a partir de la notificación, la cual aún no ha sido recibida.
Esto surge después de que la ASF detectara un probable daño patrimonial durante el último año de la administración de Miguel Barbosa, que asciende a 447 millones 514 mil 561.42 pesos, según el tercer informe de la cuenta pública de 2022.
En respuesta, el gobernador Sergio Céspedes Peregrina señaló que actualmente están en el período de observación, por lo que aún no se puede hablar de un “desfalco confirmado”.
Explicó que están dentro del período para presentar pruebas para aclarar el destino de los recursos y muchas veces las observaciones se refieren a cuestiones administrativas y no necesariamente a actividades no realizadas.
