Los candidatos de diversos partidos políticos en Puebla han puesto en tela de juicio el funcionamiento de Agua de Puebla, planteando la necesidad de transparentar su gestión, revisar la concesión e incluso contemplar su revocación.
En el caso del candidato a la alcaldía de la capital por la alianza “Mejor Rumbo para Puebla”, Mario Riestra Piña, ha propuesto una mayor transparencia para verificar si la concesionaria está cumpliendo con los compromisos de inversión.
El abanderado del PAN, PRI, PRD y PSI ha señalado que el tema del agua ha sido utilizado de manera demagógica por otros partidos, especialmente Morena, que incumplió con sus compromisos de seis años atrás, resultando en el incremento de tarifas e “incluso la bursatilización de la concesión”.
Propone la participación ciudadana en el órgano de gobierno del Soapap para que junto con investigadores se pueda supervisar el avance de las políticas públicas en este ámbito.
Por otro lado, el abanderado de la alianza “Sigamos Haciendo Historia”, Alejandro Armenta Mier, ha expresado su intención de analizar nuevamente la concesión otorgada a Agua de Puebla para Todos, con el objetivo de poner fin a cualquier presunto negocio relacionado con el servicio de agua potable y abastecimiento en la capital poblana.
Armenta Mier también criticó que la gestión del Ayuntamiento de Puebla, entonces liderado por Eduardo Rivera, haya abandonado la distribución de agua y haya apoyado la entrega de la concesión en 2013.
Finalmente, el candidato de Movimiento Ciudadano (MC), Fernando Morales Martínez, ha manifestado su oposición a la empresa Agua de Puebla desde el inicio de su campaña. Ha destacado que algunos sectores de la ciudadanía están pagando por un servicio que no están recibiendo, lo que refuerza su postura en contra de esta concesionaria.
Esta postura ha sido contrastada por su compañero, Rafael Cañedo Carrión, candidato a la alcaldía quien afirma que de llegar a ganar la contienda buscará platicar con la empresa a fin de llegar “a un precio justo”, y que el abastecimiento se garantice.
“Hay que hablarlo y hacer un compromiso, si las empresas no cumplen, efectivamente que se vayan”, expresó.
En su momento, el gobernador Sergio Céspedes Peregrina dijo que dicha propuesta sería inviable en su periodo ya que el gobierno estatal no cuenta con las condiciones financieras para asumir la operación del servicio de agua potable, ni tampoco los municipios.
