El candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez propuso convenios con instituciones privadas para que los estudiantes rechazados tengan una segunda oportunidad de entrar a la universidad.
Durante su participación en el foro “Hablemos por México”, organizado por estudiantes de la Upaep se comprometió a que, de llegar a la presidencia de México, un millón de jóvenes ingresen a la educación superior durante su sexenio, colocando al país en línea con la media de otros países de América Latina en términos de acceso a la educación universitaria.
El candidato también destacó la necesidad de abordar las deficiencias en la infraestructura educativa en Puebla, señalando que miles de escuelas primarias en el estado carecen de servicios básicos como acceso a Internet, computadoras, agua potable y electricidad.
Álvarez Máynez subrayó que la falta de infraestructura adecuada dificulta el desarrollo de habilidades en los estudiantes, y criticó el abandono del mantenimiento de las instalaciones públicas en el país.
Critica candidatos huachicoleros en Puebla
Por otra parte, el abanderado del partido naranja señaló que todos los problemas de inseguridad en el país son causados por las agrupaciones del crimen organizado, principalmente dedicadas al cobro de derecho de piso, narcotráfico, extorsión y huachicol.
Sin embargo, señaló que en Puebla es difícil perseguir estos delitos cuando algunos aspirantes están respaldados por grupos dedicados al robo de hidrocarburos, al tiempo de criticar que el PAN, PRI y PRD respalden en este proceso electoral a candidatos ligados con el robo de hidrocarburos.
Sin mencionarla, lamentó que su adversaria Xóchitl Gálvez Ruíz haya dicho en el arranque de campaña del aspirante a la gubernatura, Eduardo Rivera Pérez, que, de llegar a la presidencia, lo ayudaría a combatir el robo de combustible en la entidad, mientras en el mitin “estaba acompañada de (candidatos) huachicoleros”.
Finalmente, afirmó que ninguno de los recursos que utilice para su campaña serán financiados por empresas que después “nos quiera cobrar un ojo de la cara” a cambio de infraestructura o por parte de algún grupo criminal.
