Abogados y trabajadores de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) se manifestaron en contra del traslado de las operaciones y documentos de la junta a los estados de Tlaxcala y Oaxaca.
Durante la protesta, Francisco Aburto señaló que alrededor de 10 mil expedientes están en espera de un laudo para su ejecución, incluyendo casos de pagos de pensiones, jubilaciones y otros relacionados con personas viudas o en orfandad. Estos expedientes serán trasladados a Tlaxcala y Oaxaca, lo cual representa un gasto significativo para los afectados.
Los manifestantes destacaron que, a pesar de sus intentos por contactar a la Secretaría del Trabajo federal, no han recibido soluciones. “Nos sorprendieron a todos con un acuerdo que ordena el cierre de la junta de un día para otro”.
Piden concluir juicios laborales pendientes
El cierre de la JFCA en Puebla, según los abogados, viola un decreto del 1 de mayo de 2019, que establecía que las juntas especiales irían cerrando gradualmente hasta concluir los juicios laborales pendientes.
A su vez, la abogada Abigail Luna subrayó que lo único que piden es la conclusión de los juicios pendientes, muchos de ellos contra grandes empresas como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Petróleos Mexicanos (Pemex), Audi y Volkswagen.
El cierre de la Junta se anunció el pasado lunes 17 de junio, cuando el presidente de la Junta Especial número 33 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Puebla, Ricardo Paz Ugalde, colocó un boletín en la reja de acceso a las oficinas, informando sobre la supresión del tribunal y el traslado de los procedimientos a Tlaxcala y Oaxaca.
Además, señalaron que al menos 30 trabajadores fueron advertidos de que debían trasladarse a una de estas entidades para mantener su empleo, o de lo contrario, perderían su trabajo. Ante esta situación, los trabajadores están promoviendo juicios de amparo y destacando el impedimento al acceso a la justicia, contemplado en el artículo 17 de la Constitución.
Los escritos de protesta van dirigidos a la STPS, al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, así como al Congreso de la Unión y la Comisión de Derechos Humanos. Advirtieron que, de no recibir respuesta, acudirán a instancias internacionales.
