Los diputados del Congreso del Estado no han logrado los consensos suficientes para que la despenalización del aborto avance, pese a que desde el 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sentenció que las leyes que criminalizan esta práctica son inconstitucionales.
En entrevista, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Edgar Garmendia de los Santos, indicó que ya se ha discutido sobre la interrupción legal del embarazo, pero señaló que cada diputado es libre de decidir sobre el tema y esta decisión será respetada.
En ese sentido, señaló que la despenalización del aborto podría darse hasta la próxima legislatura ya que los coordinadores de las bancadas de los distintos partidos aceptan que no hay consensos entre sus integrantes.
Garmendia de los Santos, reconoció que en el partido Morena, donde es coordinador de los diputados locales, hay quienes están a favor o en contra de la interrupción legal del embarazo.
Apuntó que el tema se encuentra en tres comisiones para su discusión, pero insistió en que tiene que haber el mayor número de consensos para que no sea una discusión en vano.
Exigen respetar derechos de personas gestantes
Nuevamente colectivas y organizaciones feministas exigieron a los diputados locales asumir su responsabilidad y derogar las penas que castigan a las mujeres por abortar.
A través de un comunicado, las colectivas expusieron las acciones que han emprendido en los últimos años, pero no han sido consideradas por los legisladores para cumplir con la despenalización del aborto.
Entre estas, que en Puebla las mujeres o personas con posibilidad de gestar pueden acceder a una interrupción legal de su embarazo mediante un amparo.
“El servicio de aborto seguro y gratuito ya es una realidad para aquellas mujeres y personas con capacidad de gestar que son asistidas, acompañas y asesoradas por las organizaciones promoventes del amparo 259/2022″, señala el documento.
Actualmente, el Artículo 340 del Código Penal del Estado establece una pena de uno a tres años de prisión a quien interrumpa su embarazo voluntariamente.
Si el aborto es causado por un médico, cirujano, o partera, además de estas sanciones, se le suspenderán de dos a cinco años en el ejercicio de su oficio o profesión.
