La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado una investigación sobre los delitos federales cometidos durante el bloqueo de la autopista México-Puebla, informó el fiscal Gilberto Higuera Bernal.
En una conferencia de prensa, recordó que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya recibió una denuncia por el cierre de la mencionada autopista por parte de ejidatarios que reclaman una indemnización por sus tierras expropiadas.
El fiscal explicó que cuando un delito se investiga de oficio, se consideran los daños reportados por los automovilistas varados, la pérdida de citas médicas evidenciadas en redes sociales y los perjuicios económicos a diversas industrias denunciados por empresarios, sin necesidad de una demanda formal.
“Cuando un delito se persigue por querella, solo investigamos si la persona afectada viene y pide que investiguemos, pero cuando los delitos se persiguen de oficio, tomamos conocimiento por cualquier medio”, señaló.
Además, puntualizó que la FGR llevará a cabo la investigación correspondiente por la obstrucción de vías de comunicación dentro del ámbito de su competencia, ya que el bloqueo se realizó en una carretera federal.
Las personas que bloquearon la autopista México-Puebla durante cuatro días reclaman la indemnización de 19 ejidos expropiados en Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y el Estado de México, con un monto que asciende a los 700 millones de pesos.
Por otro lado, el gobierno del estado de Puebla es responsable del pago de indemnización por ejidos donde se construyó la carretera Tlaxco-Tejocotal, con una posible compensación de 40 millones de pesos para saldar la deuda por sus tierras.
Marín sin asuntos judiciales pendientes en Puebla
En otro tema, Higuera Bernal indicó que el exgobernador Mario Marín Torres no tiene asuntos penales pendientes en el ámbito estatal. La Fiscalía proporcionó esta información a su homóloga en Quintana Roo antes de cambiar la medida cautelar de prisión preventiva.
“No es un caso excepcional. Todos los días se reciben solicitudes de información de los Centros Penitenciarios cuando hay una liberación. En este caso, el exgobernador no tiene ninguna orden pendiente”, aclaró.
Higuera Bernal también dejó en claro que las autoridades locales no tienen intervención en el caso de la custodia de Marín Torres, quien enfrenta un proceso por el delito de tortura contra la periodista y escritora Lydia Cacho.
