Académicos de la Universidad Iberoamericana Puebla llevarán al Congreso de la Unión sus recomendaciones respecto a cuatro de las 20 reformas constitucionales presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, las cuales consideran podrían afectar negativamente a algunas instituciones y representar “retrocesos” significativos.
Durante una rueda de prensa, el rector Mario Patrón Sánchez, expresó su preocupación por las propuestas del Ejecutivo, señalando que “establecen perspectivas sumamente preocupantes en términos de calidad democrática”.
Acompañado por un panel de expertos, anunció que las recomendaciones de la universidad serán enviadas a senadores y diputados federales, tanto en funciones como electos, que representan a Puebla.
El panel comenzó analizando los problemas que presenta la reforma constitucional al Poder Judicial. Rafael Rodríguez Moreno, académico del Departamento de Ciencias Sociales, destacó que aunque la elección de jueces mediante voto popular ha sido uno de los puntos más controvertidos, existen otros elementos igualmente preocupantes.
Subrayó que las facultades de investigación no deberían ser responsabilidad exclusiva de la Tribuna de Disciplina Judicial, ya que esto podría llevar a un modelo judicial inquisitivo.
Por su parte, Rosario Arrambide González, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) de la Ibero Puebla, criticó la reforma por ser regresiva e incumplir con las normas de derechos humanos en México.
“Esta reforma permite que las Fuerzas Armadas permanentes realicen tareas propias de autoridades civiles, lo cual es un retroceso significativo”, señaló.
Arrambide González también alertó sobre el creciente número de quejas contra la Guardia Nacional, que superaron las 500 entre 2020 y octubre de 2023, en comparación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Otra de las reformas que preocupan a los académicos es la modificación al artículo 19, que propone ampliar los delitos sancionables con prisión preventiva. Simón Hernández León, coordinador de la Licenciatura en Derecho de la Ibero Puebla, calificó esta iniciativa como “innecesaria, regresiva e inconstitucional”, argumentando que contribuiría a la inconstitucionalidad e impunidad en el país.
“Actualmente, el 44% de las personas en prisión no tienen una sentencia, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado a México a eliminar la prisión preventiva”, enfatizó.
Finalmente, Shanik David George, responsable del Observatorio Con los Ojos Abiertos, abordó la reforma en materia de organismos autónomos, quien argumentó que, aunque estos organismos son perfectibles, su desaparición no es la solución.
Esta reforma, aprobada recientemente para enviarse al pleno, afecta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
“No porque tengan deficiencias en algunos aspectos o porque puedan ser controlados debería llevarnos a su desaparición, sino más bien a su mejora”, expresó.
El panel de la Ibero Puebla hizo un llamado a una discusión responsable en las comisiones del Congreso para mejorar las reformas y garantizar la protección de los derechos de todos los ciudadanos.
